Manaos. Cientos de embarcaciones de dragado con mineros ilegales navegan en busca de oro por el río Madeira, uno de los principales de la Amazonia brasileña, después de varios rumores de un descubrimiento reciente de este metal precioso, denunció el miércoles Greenpeace.

La policía federal prepara un operativo para frenar las más de 300 embarcaciones, un número que podría ser mucho mayor según la organización ambiental, dedicadas a la extracción ilegal en el afluente del río Amazonas, informó el diario Estadão, citando fuentes del Ministerio de Justicia.

Las imágenes de Greenpeace muestran las líneas de embarcaciones, dispuestas una junto a la otra, avanzando a lo ancho del cauce del río Madeira, tras rumores de un hallazgo cerca de la comunidad de Rosarinho, en Autazes, estado de Amazonas (noroeste).

Aunque se trata de una actividad clandestina de público conocimiento en esa zona, el movimiento "atípico" en el área de ese municipio ubicado a unos 100 km de la ciudad de Manaos llamó la atención de los pobladores, indicó Greenpeace, que reclamó mayor celeridad a las autoridades para detener este "crimen ambiental".

Según la organización, las imágenes prueban que los 'garimpeiros' (como se denomina a los mineros ilegales) "dominan" la zona, y circulan por allí "sin miedo y sin ser incomodados".

La Superintendencia de la policía federal en Amazonas señaló a Estadão que se están desarrollando "conversaciones interinstitucionales" para definir un curso de acción.

Un audio publicado por ese medio y atribuido a un minero ilegal indica que ya están enterados de la acción policial: "Está saliendo un convoy de Manaos", advierte una voz masculina. Otro audio habla de montar un "paredón" de balsas para impedir cualquier control.

Un informe de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) junto al Ministerio Público Federal (MPF, fiscalía) reveló en julio pasado que solo 34 por ciento de las 174 toneladas del oro explotado entre 2019 y 2020 en Brasil tienen origen legal comprobado.

El gobierno de Jair Bolsonaro es acusado por ecologistas y opositores de llevar adelante una política antiambientalista y de debilitar los mecanismos de control ambiental.

Desde su llegada al poder, en enero de 2019, se ha registrado un aumento considerable de la deforestación en la Amazonia, atribuida principalmente a actividades ilegales de minería y ganadería.