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Deuda de Baja California es de 35 mmdp, reporta Hacienda estatal

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Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, durante el primer ‘Miércoles de Mañanera’, el 24 de noviembre de 2021. Foto tomada de la transmisión a través del Twitter de @MarinadelPilar
24 de noviembre de 2021 15:17

Mexicali, BC. La deuda del gobierno de Baja California es de 35 mil millones de pesos, dio a conocer el secretario estatal de Hacienda, Marco Moreno, durante el primer "Miércoles de Mañanera", conferencia ofrecida por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda e integrantes de su gabinete, con la prensa en Tijuana.

Ávila Olmeda dio a conocer que la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya fue aprobada por los cabildos de Mexicali, Tecate y San Quintín por lo que requiere de la aceptación de otro cabildo para confirmar la reforma constitucional en materia de seguridad. Este asunto se encuentra pendiente de resolución en los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Rosarito

Detalló que la deuda financiera pública alcanza los 18 mil 300 millones de pesos, además de 12 mil millones de servicios, suministros y gastos acumulados, así como contingentes pasivos que suman cinco mil millones de pesos.

Entre los contingentes pasivos se encuentran los repagos a proyectos cuya permanencia es revisada, como la planta de energía fotovoltaica para suministrar el servicio al Acueducto Rio Colorado-Tijuana, pues ese contrato representa una desventaja para el gobierno porque no corresponde a las necesidades reales y beneficia a los inversionistas, dijo.

Durante el encuentro con los periodistas, el secretario de Hacienda comentó que la deuda con los municipios por participaciones federales es de 376 millones de pesos a los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali.

Para dar cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal, dijo que entregarán las participaciones federales a los municipios durante los cinco días de haber recibido los recursos para que no se acumule "un solo peso".

También, dio a conocer que se realiza una auditoría a la empresa externa Fisamex para conocer si hubo o no irregularidades en los cobros a los usuarios del agua, y se reiteró que no se considera mantener su contratación.

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