Ciudad de México. El bloque opositor en la Cámara de Diputados anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial que declara como de seguridad nacional las obras públicas prioritarias del actual gobierno.

A su vez, Morena defendió la legalidad del decreto y sostuvo que éste se emitió para “eliminar la excesiva burocracia” en la administración federal.

En conferencia de prensa conjunta, los coordinadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa, respectivamente, expresaron que el recurso se presentará porque el decreto violaría el artículo 134 constitucional, donde se define la obligación de manejar los recursos públicos con transparencia.

“El decretazo es una invasión de esferas y constituye un ataque al derecho de todos a tener acceso a la información pública”, expresó Romero.

Moreira dijo que las tres fuerzas políticas presentarán el recurso, que requiere la firmas de la menos 33 por ciento de los integrantes de la cámara. Sostuvo que el Presidente no tiene facultades para determinar que todas las obras públicas son de seguridad nacional y consideró que no se le informó del alcance del decreto, que no está soportado legalmente.

Por su parte, Luis Espinosa manifestó que con el documento publicado la tarde del lunes se busca blindar las obras de infraestructura contra el escrutinio público. Expuso que no se puede dejar en la opacidad el uso de recursos públicos, “con el argumento de que se trata de obras de seguridad nacional, que no lo son”.

En una declaración política, Morena manifestó que el decreto “es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Presidente”.

Resaltó que la emisión de decretos es una atribución presidencial para adoptar medidas que permitan el mejor funcionamiento de la administración pública federal. “En todas las administraciones anteriores, los titulares del Ejecutivo Federal han ejercido esta facultad”, justificó.

También rechazó que se atente contra la transparencia, la rendición de cuentas e incluso que se viole algún derecho de los mexicanos.