Ciudad de México. El gobierno federal presentó esta mañana el programa “Cero Impunidad” para dar seguimiento a casos cometidos con alto índice de violencia, incluidos los relacionados con asesinatos en zonas turísticas y a un fiscal indígena, así como presuntos líderes de plaza e incluso una célula de reclutadores de jóvenes para vender droga, entre otros.

En el recuento divulgado en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, presentó un resumen de detenidos y avances en la investigación, con el énfasis en algunos de mayor impacto mediático.

Gregorio Pérez Gómez, fiscal indígena en Chiapas, fue asesinado en agosto pasado. Como presuntos responsables están detenidas tres personas: Carlos N, Daylí N (señalado como autor intelectual del crimen y líder del grupo Los Herrera, “quien tenía atemorizado al pueblo de Pentalhó y por lo cual se crea el grupo de autodefensas Los Machetes”).

También Sebastián N, El Caracol, presunto líder del cártel Chamula, quienes tienen su centro de operaciones en San Juan Chamula y es generador de violencia.

El segundo expediente se refiere al operativo conjunto contra el Cártel de Sinaloa, en el que participa la policía estatal con apoyo de la Guardia Nacional. El subsecretario informó de tres detenidos: Cristofer N, Arturo N y Jesús N.

En cuanto a los sucesos en Tulum, Quintana Roo, en el restaurante bar La Malquerida, el 20 de octubre pasado, en el que perdieron la vida dos turistas y cuatro personas resultaron lesionados, dijo que se ubicó el vehículo en el que huyeron los autores materiales.

Hay ocho detenciones y una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar; así como la recuperación de 22 armas de fuego, tres armas largas, 3 mil 703 cartuchos útiles, 15.9 kilogramos de cocaína distribuiidos en 14 paquetes, uniformes de policía y el vehículo referido.

Está vinculado a proceso Moises N, El Yanki, “señalado por los testigos como uno de los autores materiales del homicidio”.

Del caso Puerto Morelos, Quintana Roo, en el hotel Hyatt Ziva y Azul Beach, el 4 de noviembre pasado, en el que fueron asesinados dos presuntos narcomenudistas, comentó que hay “aproximadamente 14 delincuentes identificados”, dos vehículos asegurados y se pusieron a disposición del ministerio público cuatro presuntos involucrados, todos ellos personas muy jóvenes, dos de ellos “vendedor de puros” y uno más el conductor de uno de los vehículos.

El juez de control determinó prisión preventiva para los tres imputados: César N, Josué N El Che Che y/o 04, y Uriel N Gemelo; el otro sujeto se clasificó como testigo.

Otro expediente del reporte de Cero Impunidad se refiere al Gustavo A El Gato, detenido el pasado 4 de noviembre en flagarancia, junto con otros dos presuntos cómplices, acusados por los delitos de ultrajes a la autoridad, daños y narcomenudeo, y portación de armas de fuego.

Gustavo N fue trasladado a un centro federal ubicado en Michoacán. Esta semana continúan las audiencias de ley.

El subsecretario Mejía se refirió también al episodio ocurrido el 6 de noviembre pasado, en Gutiérrez Zamora, Veracruz, cuando un joven de 17 años apuñaló a su hermano, presuntamente por una discusión generada por el video Free Fire. El muchacho fue internado por término de 5 meses en centro especializado para adolescentes.

En tanto, en Michoacán, se ubicó a Gerardo N “M1”, segundo al mando del grupo delictivo Los Tena, de la Familia Michoacana, en La Mira, en Lázaro Cárdenas, relacionado con el homicidio del director del Cereso de Lázaro Cárdenas y dos funcionarios más ocurrido en mayo de 2021, así como de Héctor N, el Paisa, en Tlaquepaque.

Gerardo N es considerado como presunto “secuestrador y extorsionador en la zona, encargado de la recepción y almacenamiento de droga que llega al puerto proveniente de Sudamérica y distribuida por sus aliados del CJNG”.

A su vez, el Paisa es el presunto “principal reclutador de jóvenes en todo el país, quienes a través de engaños para un trabajo eran llevados a casas de seguridad en Guadalajara, para después trasladarlos a los campos de entrenamiento. Coordinaba la venta y distribución de drogas”.

Mejía precisó que durante octubre pasado se obtuvieron un total de 58 sentencias que van de los 12 a los 150 años de prisión por el delito de secuestro. Tabasco es el estado con el mayor número de sentenciados, le sigue Zacatecas.