San Cristóbal de Las Casas, Chis. Ejidatarios de los municipios de Cintalapa y Belisario Domínguez afectados por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvió darle a Oaxaca la zona de los Chimalapas, informaron que constituyeron el Comité de Resistencia por la Defensa del Territorio Chiapaneco, porque “no estamos de acuerdo con el dictamen y no lo vamos a respetar”.
Advirtieron que reforzarán las guardias comunitarias en cada localidad para evitar invasiones, pues “ya no nos vamos a dejar”, al tiempo que buscarán llevar el caso a instancias internacionales porque no fueron consultados.
Alfonso de Jesús Gómez Mendoza, presidente del comisariado ejidal de Constitución, aseguró que “existe el riesgo de que nos invadan” los habitantes de las comunidades vecinas de Oaxaca. “Lo puedo asegurar, en nuestro plano aparecen 28 parcelas y ya nos vienen cortando cinco o seis. Se fueron a posesionar”.
Entrevistado en esta ciudad, manifestó que “la inconformidad que tenemos es que los mojones no están en el sitio que debe de ser y como ejido afectado deberíamos de pelear nuestros derechos como mexicanos, porque realmente no nos tomaron en cuenta. Los mojones no están trazados de acuerdo con el mapa de Chiapas. La línea original no es ahí”.
Señaló que “como afectados o beneficiados, la Corte debió de haber hecho una consulta en nuestros ejidos para preguntar si uno quiere ser chiapaneco o oaxaqueño porque nuestros documentos agrarios son legales, firmados por el presidente de la República. Nuestras credenciales, actas de nacimiento y todos los trámites que tenemos son cien por ciento chiapanecos”.
Añadió que con el fallo de la SCJN y los nuevos linderos, muchos ejidos quedarían “partidos, una parte en Chiapas y otra en Oaxaca. No es posible que teniendo toda la documentación nos digan que nos pasemos a Oaxaca”.
Jorge Humberto Luna Salines, representante de la ranchería San Marcos la Hondonada, municipio de Belisario Domínguez, que de acuerdo con el resolutivo de la SCJN tiene que desaparecer jurídicamente, sostuvo que “no estamos de acuerdo con la resolución porque desde su origen está viciada”.
Expresó que sus vecinos oaxaqueños “tenían 90 días para impugnar cuando se fundó Belisario Domínguez y lo hicieron hasta el siguiente año; es decir, fuera de tiempo y aun así lo recibió la Corte; se está violentando la ley. No vamos a respetar lo que dice la Corte”.
Aseguró que “existen anomalías de la SCJN. No estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando, nos estamos organizando porque no vamos a acatar las órdenes. Vamos a ir ante instancias internacionales y apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque es una aberración lo que hizo la Corte. Hay muchos intereses ahí”.
Remarcó: “El camino es organizarse y no vamos a respetar lo que dice la Corte. La mayoría estamos por no respetar. En eso andamos, en la organización para hacer nuevas acciones. Se van a reforzar las guardias en cada comunidad para evitar invasiones, ya no nos vamos a dejar”.
Aseveró que la situación en la zona “está peor porque antes era sólo un rumor y ahora con lo que hizo la Corte enciende la mecha de nuevo. Hay riesgo de violencia si el gobierno federal no pone los ojos en la zona”.
Alfonso subrayó que “estamos organizando un grupo con amas para nuestra defensa, sin ofender a nadie, sino para defender los bienes que nos corresponde. No es que nos queramos levantar en armas, sino que es con el fin de cuidar nuestros bienes”.
Manifestó que los habitantes de la zona “están distorsionados y espantados. No vamos a dar marcha atrás porque no tenemos a donde ir. Vamos a luchar porque nos corresponde y estamos legales”.
