Ciudad de México. El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, reconoció la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, en una reunión con integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés). Ante ello, señaló que es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda.

Durante el encuentro, celebrado en instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también expuso que en el país “existe una crisis de desapariciones que viene de muy atrás, la cual se ha recrudecido en los años recientes debido, principalmente, a la conjunción de corrupción e impunidad y se agudiza por las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social”.

Asimismo, reconoció que existe “debilidad institucional para atender la crisis de desapariciones y afirmó que para superarla es necesario cambiar los esquemas heredados y establecer un marco normativo mínimo idóneo, la realización de un reporte nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense”.

En la reunión, a la que asistieron los miembros del CED Horacio Ravena, Juan Pablo Albán Alencastro y Sergio Giuliano, así como Alán García Campos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la presidenta de la CNDH consideró urgente abordar, “de manera seria y responsable, la deuda histórica que se tiene con las víctimas de la represión política del Estado y el esclarecimiento del periodo conocido como ‘la Guerra Sucia’, a fin de ubicar en su tiempo-espacio de investigación todas las violaciones a derechos cometidas desde mucho antes de los años sesenta y hasta fechas muy recientes”.

Piedra Ibarra también propuso lograr el adecuado funcionamiento de los servicios médicos forenses de todo el país; continuar con la construcción de centros regionales de identificación humana y priorizar la toma de acciones que materialice, en los ámbitos federal y local, las estructuras creadas para la búsqueda en vida de personas desaparecidas en los plazos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De igual manera, planteó canalizar recursos presupuestarios para la atención de este grave problema; fortalecer la capacitación y certificación de ministerios públicos, policías, peritos y de todo el personal que participe en labores de búsqueda; garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas y procurar un trago digno para ellas.

Al subrayar que para la Comisión Nacional la desaparición forzada de personas “es un asunto de particular interés y atención”, expuso que durante su gestión se han emitido nueve Recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, relacionadas con dicho delito, dirigidas a diversas autoridades federales y estatales; además de que se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente.

Por otro lado, afirmó que “la propia Comisión Nacional que presido, fue en muchos sentidos corresponsable de este círculo vicioso de impunidad-repetición. Y por eso estamos transformándola”.