Frente a las condiciones en las que se lleva a cabo la caravana migrante, que salió de Tapachula, Chiapas, el 23 de octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional a que atiendan las medidas cautelares solicitadas por este organismo autónomo previo al inicio de esta movilización, para que, en caso de realizar acciones de verificación migratoria, éstas se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos, tomando en consideración la presencia de familias, menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, entre otros.
También, la CNDH pidió a las autoridades responsables a que se atienda el principio de no devolución de las personas que pretendan solicitar refugio, brindando la seguridad necesaria “en condiciones dignas y adecuadas a las diversas necesidades, en los lugares de tránsito y pernocta”.
El organismo nacional de igual manera se dirigió a los organizadores de la caravana migrante -que ayer llegó a Veracruz- para que eviten traslados “improvisados, irregulares o inseguros que pongan en grave riesgo la integridad, seguridad y vida de las personas en contexto de migración”.
Refirió que durante los trabajos de acompañamiento que su personal realiza en torno a esta caravana, se ha observado que las condiciones climáticas han sido naturalmente adversas, por lo que los migrantes optan por detener y trasladarse en vehículos tipo tráiler con remolque de plataforma y camionetas de redilas, para avanzar hacia los siguientes lugares de concentración o comunidades, lo cual pone en alto riesgo la integridad, la seguridad y la vida de las personas.
En un pronunciamiento, expuso que hasta la fecha, entre el personal médico, visitadores adjuntos, sicólogos, entre otros servidores públicos que acompañan el contingente -que hasta el 15 de noviembre se conformaba por cerca de 450 personas-, han recabado 13 escritos de queja, han proporcionado 195 orientaciones jurídicas, vinculadas a procedimientos de reconocimiento de la condición de personas refugiadas y de regularización migratoria, además de proporcionar 136 atenciones médicas, 144 gestiones médicas y 598 jurídicas.
