La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció los avances registrados en el marco de la investigación judicial sobre la utilización del software Pegasus en México con el fin de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y personas con liderazgo público que ejercían oposición al gobierno. Y llamó al Estado a intensificar sus esfuerzos en el pleno esclarecimiento de los hechos y en la sanción efectiva de los responsables.

Asimismo, pidió adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad de las víctimas y sus representantes, así como a operadores judiciales y personas vinculadas al proceso judicial.

Recordó que el primero de noviembre, la Policía Federal Ministerial detuvo a un individuo en la ciudad de Querétaro por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software Pegasus.

Indicó que la persona procesada habría sido integrante de Proyectos y Diseño VME, una de las compañías que adquirió el software, según indican reportes de fuente pública.

La Relatoría saludó esta medida, y destacó que ello “constituye un paso trascendental en la investigación de los hechos denunciados el pasado mes de agosto por la CIDH, la RELE y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cuanto a la utilización del software Pegasus para espiar a distintas personalidades públicas que participan activamente del debate público y político”.

Sin embargo, también consideró que, aunque relevante y trascendente, esta medida resulta por sí sola insuficiente ante la complejidad y dimensión de las denuncias recibidas y la información que ha trascendido públicamente en los últimos meses.

Refirió que según información pública, casi un tercio de los 500 mil números telefónicos presuntamente identificados para espionaje estarían basados en México, por lo que habría sido apuntado “como uno de los Estados con mayor interés en la adquisición del software malicioso”.

En este contexto, para la Relatoría Especial dicho avance acentúa las obligaciones de debida diligencia, exhaustividad y celeridad de la investigación en curso. En consecuencia, exhortó y animó al Estado mexicano a continuar sus esfuerzos en la investigación de los hechos de forma completa, efectiva e imparcial.

Asimismo, instó a las autoridades a velar por la protección de la integridad de las víctimas y sus representantes, a las personas imputadas, y de todas aquellas vinculadas al proceso judicial, incluyendo a los operadores judiciales, de modo de “evitar posibles presiones indebidas que busquen alterar la investigación o la expectativa de justicia ejemplarizante que garantice la no repetición de los hechos”.

De igual manera consideró “de suma relevancia que el Estado active todos los mecanismos a su disposición con el fin de asegurar la cooperación de todas las agencias del Estado y entidades privadas que cuenten con información que contribuya al esclarecimiento de los hechos”.