Estas dos conversaciones del entonces secretario de Estado estadunidense Henry Kissinger con el dictador chileno Augusto Pinochet y con el canciller de la dictadura argentina César Guzzetti –en 1976– fueron grabadas, transcritas y clasificadas top secret en Washington. En la primera, Kissinger, el gran arquitecto de los golpes militares del Cono Sur en la década de los 70, le dice a Pinochet: en Estados Unidos simpatizamos con lo que ustedes están haciendo aquí.

En la segunda simplemente aconseja que los militares en Buenos Aires apliquen el método chileno, pero en menor tiempo. Entendemos que ustedes deben restablecer su autoridad. Si tienen que hacer ciertas cosas, háganlas pronto, de modo que al menor plazo posible puedan volver a la normalidad.

En medio del régimen de terror, la OEA había decidido que su VI Asamblea General se celebrara en el Chile de Pinochet, en 1976. Acuden 23 cancilleres, entre ellos Kissinger. México no asiste. Ahí queda nítida la vocación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con los supuestos principios democráticos de la época. Los generales Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla no tienen nada de qué preocuparse.

La primera conversación ocurre antes de que Kissinger pronuncie su discurso. Le agradece a Pinochet la acogedora bienvenida. El dictador le responde que los chilenos son gente cálida y cordial, por eso no aceptan el comunismo. Kissinger le asegura que ante la posibilidad de que el Congreso en Washington ordene un recorte a la asistencia militar para Chile, en su discurso de esa tarde ante la Asamblea General voy a tener que tocar el tema de los derechos humanos; pero lo haré en un contexto global, sin aludir a Chile, sin hablar de sanciones. Quiero que usted entienda por qué lo hago.

Pocas horas después tranquiliza de la misma manera al canciller de la junta militar argentina. Obviamente, los cancilleres de la asamblea no condenan las masacres, el genocidio y las torturas que, se sabe, ocurren sistemáticamente en el Cono Sur.

En 1980, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logra enmendar, en parte, la grave omisión de la OEA. Las Madres de la Plaza de Mayo consiguen que la organización visite Argentina, entre a varias prisiones, entreviste a cientos de víctimas y emita un informe demoledor.

Algo del contexto: en los albores de la década de los 70 se multiplican en la región algunos focos guerrilleros. Richard Nixon llega a la Casa Blanca junto con Kissinger.

Cuba sigue sin tener relaciones diplomáticas con las naciones latinoamericanas hasta que Omar Torrijos llega al gobierno en Panamá y le tiende la mano. En Chile ya se perfila el triunfo del socialista Salvador Allende, pero también los indicios del gran operativo de desestabilización.

La CIA nombra subdirector a Vernon Walters, quien ya tiene experiencia en operar golpes de Estado, como el de Brasil y el del coronel Hugo Bánzer contra un presidente progresista, Juan José Torres. En Haití, a la muerte de Papa Doc, Estados Unidos cobija a su heredero Baby Doc, Jean Claude Duvalier. La OEA, muy bien, gracias. Ya en La Moneda, Salvador Allende es el primer mandatario latinoamericano que se atreve a invitar a Fidel Castro. Su visita hace historia. Y genera histeria en Estados Unidos.

El 11 de septiembre Allende es derrocado y asesinado. Tres meses antes, en Uruguay una junta cívico-militar también se apodera del poder.

En marzo de 1976, un triunvirato militar derroca a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Entra en acción el Plan Cóndor, diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA, de Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora.

Gunboat diplomacy: Granada y Panamá

En 1979 en Nicaragua avanza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estados Unidos hace un último esfuerzo para salvar a la dinastía somocista, intentando movilizar a la Fuerza Interamericana para apoyar un gobierno de reconciliación, pero esta vez la OEA no lo apoya. México y cinco naciones más rompen relaciones con Managua. Apenas cae Somoza, Estados Unidos empieza a organizar la contrarrevolución.

En la década de los 80 se vive intensamente el conflicto armado en Centroamérica, con el FMLN en El Salvador y la URNG en Guatemala. También en Colombia crece la presencia de las fuerzas rebeldes. En contraste, en Argentina se implanta el modelo del paramilitarismo, con la Triple A. Muchos otros países replican esta nueva herramienta represiva con sus respectivos escuadrones de la muerte.

En 1981 llega Ronald Reagan a la presidencia en Washington y Estados Unidos escala su participación en las contrainsurgencias. Alimenta el fuego en Nicaragua, armando a la contrarrevolución y estableciendo bases militares en las naciones vecinas.

En la OEA no hay ni voluntad política para impulsar el principio de la solución pacífica de las controversias. Ante el vacío en la diplomacia continental surgen otras iniciativas regionales: la iniciativa Franco-Mexicana para El Salvador, el Grupo Contadora que propone una salida pacífica sin intervención estadunidense, el diálogo de Esquipulas que logra que todos los gobiernos centroamericanos avalen el acuerdo de Contadora. Y más adelante el Grupo de Río, Grupo de los Ocho y ya en la década de los 90, la Cumbre Iberoamericana (iniciativa de México) en la que están incluidas Cuba y España, pero no Estados Unidos y la Cumbre de Las Américas, la respuesta de Bill Clinton.

Mientras Contadora, integrado por México, Venezuela, Colombia y Panamá, concita el respaldo de 17 países latinoamericanos y del Consejo de Seguridad de la ONU, Ronald Reagan sugiere que Estados Unidos podría revivir en Nicaragua la diplomacia de los cañones (gunboat diplomacy).

Pretexto a la medida del gobierno de Reagan

En 1983, el primer ministro de Granada, isla del Caribe, Maurice Bishop, decide entablar relaciones con sus vecinos cubanos y pide ayuda para la construcción de un aeropuerto. Es el pretexto que espera Reagan. En octubre hay un intento de Estado para derrocar a Bishop y en pocos días el portaviones Independence de la Marina estadunidense acosa a la isla. Cerca de 2 mil marines (y menos de 300 soldados caribeños, para aparentar una operación militar conjunta) invaden la isla. Bishop, varios de sus ministros y una docena de trabajadores cubanos son asesinados. La OEA reacciona declarando que la ocupación no se justifica.

Al año siguiente, para evitar el desembarco de buques petroleros en Nicaragua, Estados Unidos siembra minas para bloquear todos los puertos nicaragüenses. Como la OEA no atiende la demanda del gobierno de Managua, recurre a la Corte Penal Internacional de La Haya, que falla a su favor dos años después.

Lo que sigue es la crisis panameña y una invasión militar (diciembre de 1989) en la que, por su brutalidad, incluso viola los mismos principios legales del TIAR. El presidente George Bush había decidido que el general Manuel Antonio Noriega, antiguo agente de la CIA, traficaba drogas y decide capturarlo. Noriega se hace relegir en un proceso cuestionado y eso desata la crisis. Los marines desembarcan, bombardean e incendian el antiguo barrio El Chorrillo, una matanza por la cual nadie ha sido juzgado, y hacen jurar como nuevo presidente en un portaviones estadunidense a su incondicional Guillermo Endara.

Hay una sola ocasión en la que una nación latinoamericana fue efectivamente atacada por una potencia extracontinental. Fue en 1982, durante la guerra de las Malvinas. La dictadura decidió lanzar un operativo para recuperar las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde el siglo XIX. En pocos días la desprovista armada argentina fue derrotada con un alto costo humano (650 jóvenes soldados argentinos muertos). La OEA se dividió. Los países hispanoparlantes apoyaron a Argentina y los angloparlantes, entre ellos Estados Unidos y Canadá, avalaron a Londres. Estaba plenamente justificada la entrada en acción del TIAR, pero nadie lo invocó.