Como parte de las medidas de reparación colectiva a favor de víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas en el periodo conocido como Guerra Sucia, en la comunidad de El Quemado, Guerrero, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) -en colaboración con los tres órdenes de gobierno- realizó la primera jornada agraria mediante la cual acercó trámites y servicios a personas ejidatarias, comuneras y campesinas, a fin de brindar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra de propiedad social.

En este ejercicio también se dio oportunidades a diferentes comunidades de tener acceso a dichos servicios debido a las dificultades que existen en el ámbito agrario en esas zonas.

En un comunicado, la Ceav informó que en esta primera acción se recibió a 158 habitantes de 16 comunidades pertenecientes al municipio de Atoyac de Álvarez: Agua Fría, Boca de Arroyo, Cerro Prieto de los Blanco, Colonia Cuauhtémoc, El Quemado, El Guanábano, El TicuÍ, El Paraíso, El Refugio, Ixtla, La Florida, La Vainilla, Junta de los Ríos, Mexcaltepec y Santiago de la Unión.

Marcos Méndez Lara, representante de la Procuraduría Agraria en el estado de Guerrero, atendió a 80 personas en el ámbito de asesoría jurídica. Fueron levantadas al menos 18 listas de sucesores como una acción puntual para consolidar derechos agrarios de la población guerrerense. También, se otorgaron 534 títulos de propiedad.

Personal del Centro de Atención Integral (CAI) de la CEAV en Guerrero realizó al menos 30 notificaciones del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), y siete resoluciones del Formato Único de Declaración (FUD), entre otras acciones. Atendió un total de 55 personas, todas víctimas de la llamada Guerra Sucia.

Igualmente, personal del Registro Agrario Nacional (RAN) asesoró a más de 36 personas en el trámite de traslado de derechos; realizó 22 listas de sucesores y agendó 19 citas en sus instalaciones para poder otorgar una atención especializada.

La Ceav explicó que esta jornada agraria se llevó a cabo toda vez que “implementa un plan de transformación comunitaria que busca atender desde un enfoque de derechos humanos los efectos estructurales de las violaciones a derechos humanos cometidas entre los años 1965-1990”.

Reiteró su compromiso con todas las personas en situación de víctimas, la reparación del daño y la búsqueda de la verdad.