Ciudad de México. Para 2013, las cifras de desapariciones ya se proyectaban como alarmantes: 26 mil personas, herencia de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Ante la gravedad de la situación, el Comité de Naciones Unidas contra la De-saparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) requería entonces a México formalizar una invitación para visitar el país. Renuente, la pasada administración negó esa solicitud en dos ocasiones, incluso en 2017, cuando se hizo un llamado enérgico a admitirla.

Hoy, a instancias del gobierno federal, comienza la visita oficial de expertos del organismo internacional, la primera que éste realiza en el mundo. La delegación dará una conferencia el 26 de noviembre.

En este periodo el CED continuó sus evaluaciones a México: en 2015, cuando sumaban 29 mil 203 desaparecidos (según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro) se emitieron las primeras recomendaciones; en 2018, el crecimiento incesante disparó la cifra a 69 mil 556, mientras la renuencia mexicana se mantuvo, pese al enérgico llamado del CED, que emitió nuevas observaciones.

El reciente reporte del Sistema Nacional de Búsqueda contabiliza 94 mil 406 personas no encontradas, pero además existe el reconocimiento oficial de que hay una crisis de derechos humanos.

Paralelamente, según Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que presentó ante el CED el primer caso mexicano de desaparición, el país ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo. Con cerca de mil casos, sólo está detrás de Irak.

Los encuentros con autoridades y fiscalías federales y de 12 estados, así como con colectivos de víctimas, tienen como precedente el diagnóstico sobre México del CED en 2018:

El Comité lamenta profundamente que se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización. El Comité observa con preocupación falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin atención adecuada. Hay obstáculos para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones.

A tres años, los colectivos de víctimas mantienen esos reclamos, a pesar del viraje oficial para admitir la supervisión internacional y la competencia del CED para casos individuales. La consolidación de un nuevo marco legal e institucional rodea la visita, aunque aún es insuficiente, estiman organizaciones civiles.

Sin duda hay avances, pero los retos persisten, subraya Sofía de Robina Castro, del Centro Prodh. Entre los grandes pendientes –porque es el contexto donde continúan graves violaciones a derechos humanos, incluidas las desapariciones– tenemos serias preocupaciones sobre la política de seguridad que ha profundizado la militarización con una Guardia Nacional compuesta en gran parte por militares.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, organismo enfocado en el litigio internacional, establece que hay un viraje importante al aceptar la competencia del CED, pero el reto es superar la crítica situación. Si bien no existe una política sistemática de desaparición forzada a nivel federal, en determinados estados sí ha ocurrido, por lo que deberían asumirse como crímenes de lesa humanidad: Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila en pasadas administraciones, Jalisco, Guerrero.

Cita el caso de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit involucrado en de-sapariciones. Está preso en Estados Unidos por delincuencia organizada, pero no enfrenta el delito de desaparición, a pesar de la sistematicidad con que éstas ocurrieron durante su gestión.

Idheas ha litigado casos a escala internacional que derivaron en 180 acciones urgentes, por lo que espera que la visita pueda tener conclusiones a nivel regional ante la gravedad de los hechos. Eso abre la puerta para que México reconozca que existe un problema que no puede ser resuelto a partir de una situación normal y que se requieren mecanismos de justicia transicional.

Aunque este gobierno –sostiene De Robina– ha reconocido la crisis de desaparición y eso es muy relevante, la visita fue motivada en gran medida por el clamor de los colectivos de víctimas ante la inviabilidad de la justicia en México, pero sobre todo porque la problemática, lejos de disminuir, aumenta. En este sexenio van más de 20 mil desapariciones.

Otros ámbitos de preocupación, subraya, son el deficiente desempeño de las fiscalías, la falta de una política integral de Estado que genere una coordinación adecuada –a pesar de que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado algunas campañas–, y que no vemos una política integral de atención a víctimas, donde la prioridad en materia presupuestaria esté puesta en ellas.