Ciudad de México. Mas de 70 colectivos de familiares de personas desaparecidos difundieron los informes que enviaron al Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidos en el que advierten: el 99 por ciento de casos se originaron a partir de 2006; sólo existen 35 sentencias por desaparición y la Fiscalía General de la República sólo tiene mil 615 carpetas de investigación lo que consolida el 98 por ciento de impunidad en este delito. Más de la mitad de los estados, las comisiones estatales de búsqueda dependen del subsidio federal, lo que evidencia la escasa prioridad.

En el diagnóstico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México descalifican las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República “en el cual la Fiscalía puede negar su cooperación con el Sistema Nacional de Búsqueda y con colectivos de familiares basándose en un nuevo marco jurídico restrictivo y regresivo”. Y añaden que si bien se ha creado un Sistema Nacional de Búsqueda, su principal desafío es obtener la colaboración de las fiscalías “las cuales argumentan que su autonomía les impide aceptar las iniciativas que se proponen desde otras instituciones”.

Los movimientos demandan al gobierno federal compromiso para aceptar las recomendaciones del CDF: “hacemos un atento llamado al gobierno mexicano a cooperar con el CDF sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del Estado que sean requeridas facilitando toda la información que les sea solicitada de forma transparente. Más aún, llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el Comité emita”.

En el documento que remitieron previamente al CDF detallan que en México de las más de 94 mil personas desaparecidas y no localizadas son “70,195 hombres y 23,146 mujeres. Estas cifras sólo constituyen un piso mínimo ya que se basan en casos formalmente denunciados. Adicionalmente, el Registro tiene sus propias deficiencias, las cuales se expondrán en el apartado correspondiente a los registros”.

Para el MND “Estas cifras sólo constituyen un piso mínimo ya que se basan en casos formalmente denunciados. Adicionalmente, el Registro tiene sus propias deficiencias”.

En materia presupuestal detallaron las restricciones económicas de las comisiones de búsqueda, pues en 2019 la Comisión Nacional recibió 400 millones de pesos en 2019, de los cuales 152 millones fueron ejercidos por ella misma y 248 millones fueron otorgados en forma de subsidios a comisiones estatales de búsqueda.

Para 2020, recibió un presupuesto total de 720 millones de pesos (263 millones propios y 457 millones para subsidios). Para 2021, la Comisión recibió 720 millones de pesos (138 millones propios y 582 millones para subsidios). Para 2022, la Comisión recibiría 747 millones de pesos (144 millones propios y 603 millones para subsidios). En su consideración, la dependencia de la mayoría de las comisiones estatales de subsidios federales revela la escasa prioridad que le dan a este fenómeno.

Por lo que hace a la situación de las fiscalías, en el documento sostienen que “según declaraciones oficiales, en México sólo existen unas 35 sentencias por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, lo cual arroja una grave crisis de impunidad en más del 98% de los casos”.

La fiscalía general de la República cuenta, por lo menos, con 1,615 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. “Esta cifra excluye las desapariciones forzadas cometidas durante la “guerra sucia” u otros delitos en los cuales las víctimas no han sido localizadas. El resto de las investigaciones están en las fiscalías estatales. Sin embargo, se estima que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación”.