La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí, Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras de derechos humanos que, en actos independientes, solicitaron su intervención por hechos de violencia y amenazas relacionadas con su labor.

En un comunicado, detalló que en Baja California, Cuauhtémoc Castilla Gracia “fue objeto de un atentado en el que sujetos desconocidos, quienes pudieran ser policías municipales de Mexicali, realizaron detonaciones de arma de fuego contra él cuando se encontraba en su centro de trabajo en esa entidad", y por lo que resultó herido en el cuello. Asimismo, su hijo Ramón Antonio Castilla Viramontes, también ha sido objeto de amenazas.

En el caso de San Luis Potosí, integrantes del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de los Derechos Humanos refieren haber recibido amenazas por parte de grupos delictivos del estado. De acuerdo con el documento de queja, los defensores informaron que durante uno de sus traslados entre el Centro Penitenciario de Xolol y el municipio de Tanquian de Escobedo, fueron seguidos por dos vehículos y en el trayecto, las personas que manejaban dichos autos hicieron detonaciones al aire con armas de fuego como una forma de intimidación.

En Sonora, la CNDH recibió un escrito interpuesto por los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, indígenas yoremes del Pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, perteneciente a la Tribu Yaqui de Sonora, quienes refirieron haber sido amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado. Mencionaron que en fechas recientes les han quemado una casa y han percutido proyectiles de armas de fuego en otra de sus viviendas.

Ante estos hechos, y con el fin de evitar daños irreparables al derecho a la vida, seguridad e integridad personal de los defensores mencionados, la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares a la Guardia Nacional, así como a diversas autoridades de los estados ya mencionados, entre ellos gobernadores, secretarios de gobierno y fiscalías estatales, con el objeto de que se realicen “todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal” de las personas afectadas, aplicando los protocolos que correspondan en cada caso.

Asimismo, la CNDH exhortó a las autoridades a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales, con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer la defensa de los derechos humanos, “en el entendido de que esta labor es de vital importancia para la sociedad mexicana”.

La Comisión Nacional reiteró su posición “de máxima protección de los derechos humanos y manifiesta su contundente oposición a la criminalización de la que han sido objeto las personas que ejercen su defensa”. Asimismo, recalcó su compromiso “de velar y proteger esta actividad en nuestro país conforme a los principios de igualdad y no discriminación, oportunidad y debida diligencia, propiciando el libre ejercicio de los derechos a la libertad, a la seguridad, a la integridad y a la vida”.