San Cristóbal de Las Casas, Chis. La organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, que busca “logar la justicia, la libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado”, aseguró que “la tortura y fábrica de culpables es una práctica constante en Chiapas”.

En un comunicado informó que con ello “se busca criminalizar a la población vulnerable con fines políticos, de seguridad y de resultados eficientes simulando justicia”.

Denunció que “hemos visto abusos de autoridad, detenciones ilegales, fabricación de culpables y violaciones a derechos humanos, por parte de funcionarios del estado en contra de nuestros familiares injustamente presos”.

La agrupación precisó que en el municipio de Villaflores, “se percibe día con día un clima de simulación de justicia, fabricación de culpables y detenciones obtenidas con violaciones a derechos humanos de identidad, integridad y acceso a una defensa adecuada realizada por integrantes de la Fiscalía Distrito Fraylesca, la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa conocida comúnmente como ‘Fiscalía del Oxxo’, la comandancia de Policía Especializada de la región, en complicidad el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento región Villaflores”.

Sostuvo que “las fiscalías en esta región se han encargado de integrar expedientes penales con informes viciados, testigos, declaraciones obtenidas con identificaciones de personas no involucradas y cateos ilegales”.

La organización que tiene presencia en los municipios de Chilón, Cintalapa, Jiquipilas, La Concordia, Palenque, Pichucalco, Playas de Catazajá, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Venustiano Carranza y Villaflores, manifestó que “hemos analizado y reflexionado que desde 2015 a la fecha, somos al menos diez familias víctimas y sobrevivientes en la región de Villaflores de prácticas ilícitas por parte dependencias del Estado mexicano”.

Dichas prácticas, abundó, “han generado impactos intrafamiliares, aunado de las múltiples secuelas y un acceso a la reparación integral de los daños, nulo, obsoleto y retardado”.

Expresó que “algunos de nuestros familiares privados de libertad, no han tenido derecho a ser informados prontamente de las razones de su detención y de los cargos formulados en su contra; sobre sus derechos y garantías; a disponer de un traductor e intérprete durante el proceso, y a comunicarse debidamente con su familia”.

Subrayó que “no han tenido derecho a ser oídas y juzgadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para ejercer funciones judiciales o a ser puestas en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso; a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior y a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, en el marco de un debido proceso legal y conforme al derecho internacional”.