León, Gto., El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no debe evadir su responsabilidad y negociar una indemnización con las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales, exhortó la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, durante la sesión del pleno del Ayuntamiento.

El Consejo de SAPAL debe utilizar el sistema de Justicia Alternativa para negociar la indemnización, tiene que acatar la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PRODHEG) y ofrecer condiciones dignas y seguras para los trabajadores, solicitó la presidenta municipal.

“En este caso, las prestaciones de índole laboral y las cuestiones vinculadas a la determinación de culpabilidad están siendo dirimidas ante las autoridades competentes, pero ello no impide que este Ayuntamiento le solicite al Consejo Directivo que no evadan la responsabilidad que tienen”, externó la munícipe al momento de enfatizar que las familias “siguen esperando ser indemnizadas”.

Los directivos del SAPAL deben ofrecer una atención digna y humana a las familias de Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, quienes murieron intoxicados, con ácido sulfhídrico, en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento, exigió.

“El llamado es que haya consensos, a que haya diálogo, a que haya sensibilidad y que haya un elemento humano sobre todo para quien perdió un ser querido”, señaló Gutiérrez Campos.

Por su parte, la regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, solicitó la renuncia del presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, por su responsabilidad en la muerte de los trabajadores y por la insensibilidad que ha mostrado.

Ofrecer un finiquito a las familias como si los trabajadores hubieran renunciado es inmoral, acusó.

“Ellos murieron intoxicados —el 13 de noviembre del 2020— en la planta de tratamiento ECOSYS III y encima el SAPAL dice que murieron por su propia responsabilidad, por una conducta humana de distracción", reprochó la edil.

La PRODHEG comprobó que el SAPAL violó los derechos laborales de los empleados porque carecían del perfil para el puesto que desempeñaban, no estaban capacitados y no tenían el equipo de seguridad necesario para operar una planta dañada, expuso.

“Mientras se gastan millones de pesos en abogados para querer culpar a los mismos empleados que fallecieron, el presidente del Consejo, Jorge Ramírez, debe renunciar por su responsabilidad e insensibilidad”, exigió.

Antes de la sesión de Ayuntamiento, familiares de las víctimas y sus abogados se reunieron con la alcaldesa.

“Vamos a explorar la ruta que la alcaldesa manifestó en su posicionamiento —negociar con Justicia Alternativa—, pero de ninguna manera nos sentimos comprometidos a sumarnos a procesos que no satisfagan al 100 por ciento las necesidades de las familias”, señaló el abogado, Gustavo Lozano Guerrero.