Rectores de seis universidades estatales, varias de ellas con problemas financieros importantes, como lo es la Autónoma de Nayarit y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, manifestaron su “profunda preocupación ante los paulatinos pero constantes recortes presupuestales para la educación superior pública que han ocurrido en los últimos años” y que “ponen en riesgo no sólo el avance del sistema, sino su viabilidad misma”.
Exhortaron a los legisladores de la Cámara de Diputados a ampliar el presupuesto para 2022 destinado a las instituciones estatales, de tal manera que por lo menos puedan recibir de forma adicional 4 mil 928 millones de pesos, de los cuales 39 por ciento sean de carácter ordinario y 61 por ciento correspondiente a fondos extraordinarios, como lo propuso a finales de octubre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
En un pronunciamiento, las universidades agrupadas en la Región Centro Occidente de la Anuies, resaltaron que durante el año 2016, el presupuesto ordinario que reciben las instituciones públicas de educación superior ha crecido por debajo de la inflación real observada. Como resultado -continuaron- las universidades públicas estatales y otras que reciben sus recursos ordinario a través del Programa Presupuestal U006, “en conjunto presentan un déficit anual acumulado de más de 22 mil millones de pesos”.
Por otra parte, expusieron, los fondos extraordinarios de apoyo a la educación superior “prácticamente han desaparecido”. Indicaron que en seis años, los recursos de este tipo han experimentado “una reducción acumulada de más de 60 mil millones de pesos”. En particular manifestaron preocupación por la extinción del Fondo Carrera Docente (U040) “que venía complementando a los programas de estímulos docentes”.
Los rectores de estas universidades y de la de Guadalajara, de Colima, de Guanajuato y la Autónoma de Aguascalientes, también acusaron que por segundo año consecutivo el fondo de apoyo establecido en la Ley General de Educación Superior no incluye recursos asignados para las instituciones públicas estatales, “aun cuando hay algunas que ya enfrentan demandas y amparos para garantizar la gratuidad”.
En este contexto, expresaron su respaldo a la propuesta de incremento presupuestal de la Anuies y llamaron a los diputados federales, especialmente de la Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública “para que las consideren como una base mínima sobre la cual dar inicio a un proceso de mediano y largo plazo para la recuperación de la inversión para la educación superior pública, así como para el replanteamiento integral de su financiamiento, que permitan frenar y revertir el deterioro experimentado en los últimos años y garantizar su viabilidad y consolidación.
