Madrid. Muchos de los bosques forestales del planeta, que son a su vez los territorios y el hogar de decenas de comunidades indígenas de los orígenes más diversos, albergan a su vez un recurso natural muy codiciado y al mismo tiempo nocivo para el medio ambiente: el carbón.

Un informe reciente, avalado por la COP26 de Glasgow, reconoció que en las 958 millones de hectáreas de territorios indígenas en 24 países hay alrededor de 250 mil millones de toneladas métricas de carbono, lo que representa alrededor de un 15 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono del año pasado.

Las comunidades indígenas, organizados en torno a la Alianza Global de Comunidades Territoriales (AGCT), lanzaron en Glasgow una llamada de advertencia: “nosotros tenemos los bosques en los que están esos yacimientos, nuestra intención no es comercializarlos, sino mantener intacto los árboles para no dañar más a la madre tierra, pero para eso tenemos que tener protección. Nuestros pueblos tienen que tener protección y garantías, además de que se les reconozca su derecho a ese territorio”, explicó a La Jornada la líder indígena Tuntiak Katan, indígena Shuar de Ecuador.

El informe elaborado por científicos de todos los continentes y que se basa en informes topométricos oficiales, identificó hasta 958 millones de hectáreas (mha) de territorios indígenas y comunitarios que contienen más de 250 mil millones de toneladas métricas de carbono. Sin embargo, estas comunidades sólo tienen derechos legalmente reconocido sobre menos de la mitad de esta superficie (447 mha), lo que pone en peligro los paisajes que protegen, así como los 130 mil millones de toneladas métricas de carbono que contienen.

Pero el principal problema, según denunciaron en un encuentro en el marco de la COP26, es que el carbón, al ser un elemento tan codiciado por la industria y las grandes corporaciones del sector energético supone una amenaza para su propia seguridad, ya que en muchos territorios se están registrando desalojos y violencia para abandonar la tierra, impulsadas por grupos criminales que pretenden hacerse con el control de esos yacimientos de carbón y comercializarlos.

Por eso lamentan que la falta de reconocimiento de sus derechos les expone a ellos, a sus territorios y al carbono y la biodiversidad que albergan, a las crecientes amenazas de la deforestación y la degradación, acelerando potencialmente las emisiones de una reserva de carbono equivalente a 15 veces las emisiones mundiales de Co2 relacionadas con la energía en 2020.

“Estos datos demuestran lo que los científicos llevan diciendo desde hace años: los pueblos indígenas y las comunidades locales deben ser coautores, y no sólo participantes, en las soluciones para el clima y la biodiversidad”, insistió Katan.

Las investigaciones muestran que menos del 1 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo para la mitigación y adaptación al cambio climático se ha destinado al reconocimiento de los derechos de tenencia y los proyectos de gestión forestal de las comunidades. De esa cifra, sólo el 17 por ciento se ha destinado a organizaciones indígenas o comunitarias para su ejecución, y el resto se ha canalizado a grandes organizaciones intermediarias.

Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, explicó que “los nuevos mecanismos de financiación deben apoyar y complementar un conjunto emergente de fondos regionales y nacionales dirigidos por los titulares de derechos de las comunidades indígenas y locales en todo el mundo para garantizar la protección de nuestros bosques. Que es finalmente la protección de esos fondos de carbón, para que no sean comercializados”.

Solange Bandiaky-Badji, líder indígena africana, explicó que el actual ecosistema de organizaciones de titulares de derechos y sus aliados ya ha demostrado las inmensas posibilidades de asegurar los derechos a la tierra para lograr los objetivos globales de clima y conservación.

“A medida que las grandes corporaciones del mundo se lanzan al mercado global del carbono para compensar las emisiones globales realizadas en otros lugares, hacerlo sin asegurar primero los derechos territoriales de las comunidades e invertir en sus enfoques tradicionales de conservación conlleva aún más riesgos para su capacidad de proteger los paisajes en peligro”.

El informe incluye bosques forestales de Bolivia, Brasil, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, Ecuador, Guayana Francesa (Francia), Gabón, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República del Congo, Ruanda, Surinam y Venezuela.