Zacatecas, Zac. Minera Tayahua SA de CV, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú, se ha apropiado por la vía de los hechos, no del derecho, del polígono donde se asienta la comunidad de Salaverna, en el semidesierto del municipio de Mazapil, y sus representantes legales han desairado en dos ocasiones consecutivas las audiencias recientes a las que ha citado el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Zacatecas, donde campesinos han impugnado el despojo.

Además, la compañía habría contratado a civiles armados, a quienes los habitantes identifican como grupos paramilitares, denunciaron en entrevista Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal de Salaverna, quien encabeza la defensa de su poblado, y Efraín Arteaga Domínguez, uno de sus abogados.

De la Rosa Dávila recordó que el año pasado la empresa circundó con malla de acero toda la comunidad de Salaverna, e incluso colocó un puesto de control de acceso, con vigilantes en la única carretera que lleva a esa localidad, impidiendo el libre tránsito. Otras dos localidades vecinas a la mina también se ven afectadas: Las Majadas y Santa Olalla.

Lo más grave, acusó el líder campesino, es que desde hace meses hay civiles portando armas largas en la zona, grupos paramilitares que resguardan la propiedad de Slim Helú, realizan rondines e instalan retenes.

–¿Por qué los representantes de Tayahua no acuden a las audiencias en el TUA, como ocurrió el pasado viernes? –se le pregunta al defensor del territorio y el medio ambiente en Mazapil:

–Sienten que tienen todo controlado. Ya abandonaron la cuestión legal para contratar gente, grupos paramilitares, por decirlo así, que le están ayudando a limpiar el terreno y a brindarles protección. Ya pusieron un alambrado y me prohibieron entrar al poblado. Es un riesgo hacerlo.

El activista reprobó que la compañía haya cercado toda la localidad y aseguró que se apropió de predios que legalmente no le pertenecen.

Indignado por el proceder de Tayahua, el labriego defiende desde 2007 el derecho de su pueblo a no desaparecer.

Añadió que durante años Grupo Frisco ha presionado a los 300 habitantes de Salaverna realizando detonaciones en el subsuelo, lo que ha causado graves daños a las viviendas y agrietamientos en el suelo. Incluso despidió a lugareños que trabajaban en la mina y no aceptaron mudarse con su familia a otro lugar.

La mayor parte de los pobladores ya se fueron; sólo se resisten a abandonar sus casas rurales una veintena de personas. Todas las demás viviendas han sido reducidas a escombros con maquinaria pesada, pues la filial de Grupo Frisco pretende –con una autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2014– cambiar el método de explotación de su yacimiento polimetálico en Mazapil, de mina subterránea a mina a cielo abierto, a fin de incrementar su producción.

Roberto de la Rosa Dávila pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador porque Minera Tayahua ha actuado de manera ilegal contra nosotros, que somos originarios, nativos de ahí. Llegó a Salaverna y nos despoja de nuestro territorio, de manera injustificada, con corrupción.

En 1998 la compañía de Carlos Slim Helú extrajo cobre, así como plata y oro, de la mina subterránea cuyo acceso principal se ubica al norte de Salaverna. Desde 2007 (en el gobierno de Felipe Calderón) Minera Tayahua comenzó a persuadir a los habitantes de que se fueran con la finalidad de desaparecer la localidad y abrir la mina a cielo abierto.

Slim Helú tiene la concesión para explotar el subsuelo, pero no ha demostrado ser propietario del terreno donde se asienta Salaverna. Los lugareños han interpuesto denuncias por las vías penal, civil y agraria, para defenderse del despojo. Ellos tampoco tienen títulos de propiedad de sus casas y tierras, porque la mina y la comunidad están sobre un polígono de 4 mil 650 hectáreas, considerado por el Registro Agrario Nacional tierras nacionales, es decir, siguen jurídicamente bajo dominio de la nación.

Sin embargo, la minera no envió a sus representantes legales el 29 de septiembre ni el 5 de noviembre a las audiencias donde campesinos de Salaverna exigen que se anule un dictamen presuntamente ilegal, emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 11 días después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, donde se da derecho de preferencia a la empresa para adquirir al gobierno federal esas tierras, pasando por encima del derecho a la petición previa que hicieron los campesinos y sus familias, quienes siempre han vivido ahí.

Señala colusión de autoridades

Efraín Arteaga Domínguez, abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y asesor de Roberto de la Rosa, afirmó que la Sedatu incurrió en una grave irregularidad, pues “hay un principio de derecho que estipula que el que es primero en tiempo es primero en derecho, y estas comunidades (Salaverna, Majadas y Santa Olaya) tienen siglos poseyendo esas tierras.

Evidentemente, es un acto jurídico, producto de una decisión corrupta. Solicitamos la nulidad de ese escrito de opinión. Me da la impresión de que la prepotencia de la compañía de no presentarse en el tribunal obedece a que sabe que, a pesar de que no venga, sus intereses van a estar bien representados por la magistrada María de Lourdes C. Martínez Lastiri y por Rosa Esquivel, directora jurídica de la Sedatu en Zacatecas.