Ciudad de México. La propuesta de dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 solo prevé un recorte de 7 mil 913 millones de pesos a ramos autónomos, para reasignar esos recursos a gasto social, así como a incrementar el gasto del Senado.
En el documento no se consideran las modificaciones que propusieron esta mañana las dirigencias y grupos parlamentarios de Va por México.
El principal afectado con los recortes es el Instituto Nacional Electoral, para el que el proyecto de dictamen prevé una reducción de 4 mil 913 millones de pesos, aun cuando tiene que organizar y llevar a cabo en marzo la consulta para la revocación de mandato presidencial.
Los legisladores proponen que su gasto sea de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos.
Según el proyecto circulado esta tarde a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto -que sesiona mañana para discutir el documento- el gasto total de los ramos autónomos pasaría de 139 mil 232 millones 606 mil 644 pesos a 131 mil 319 millones 606 mil 649 pesos.
Del total de recortes, 125 millones de pesos menos se aplicarán a la Cámara de Diputados, monto que se transferirá al Senado.
También se prevé una disminución de 3 mil millones de pesos al Poder Judicial. De esta cifra, 2 mil 935 millones de pesos corresponden al Consejo de la Judicatura Federal y 65 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los recursos obtenidos se destinarán para ampliaciones, de la siguiente forma:
Al Instituto Politécnico Nacional, 116 millones de pesos adicionales; 2 mil 700 millones más al programa de fertilizantes; y 560 millones más a la Agencia para la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Asimismo, mil 580 millones de pesos más al programa de vacunación de la Secretaría de Salud; 500 millones adicionales a Jóvenes Construyendo el Futuro; 2 mil millones más a pensiones para personas con discapacidad permanente, y 457 adicionales a Sembrando Vida.
En el proyecto de dictamen la comisión considera correcto el incremento de 3.4 por ciento salarial previsto para la administración pública federal y da el visto bueno al sueldo del Presidente, así como al de los funcionarios federales.
