Con base en las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, la Fiscalía General de la república (FGR) obtuvo orden de captura en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, a quien señala de haber recibido cuatro millones de pesos para que se aprobara un contrato multianual con la empresa Braskem, una filial de Odebrecht, y con ello se transformaría etanol en productos de polietileno, obteniendo la compañía brasileña un precio menor al 25 por ciento del precio del mercado internacional, en el insumo principal para la operación de la planta que se localiza en Nanchital, Veracruz.
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación confirmaron que Daniel Ramírez Peña, juez de control con sede en el Centro de Justicia penal, con sede en Almoloya de Juárez, libró el mandamiento judicial luego que Carlos Treviño Medina no compareció el pasado 7 de septiembre.
El Ministerio Público Federal acusó al ex funcionario, quien fue el último director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR aportó como elementos de prueba distintos documentos que acreditarían que el contrato que firmó Pemex con Braskem se llevó a cabo sin autorización del Consejo de Administración de la petrolera mexicana, y que en esas negociaciones iniciadas durante el gobierno de Felipe Calderón continuaron durante la gestión de Enrique Peña Nieto, como parte de los compromisos contraídos, inicialmente por personajes de militancia panista y posteriormente en combinación con funcionarios del gobierno de Peña Nieto, entre ellos el ex secretario de Hacienda y candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.
De acuerdo con la información obtenida, Meade Kuribreña habría recibido cuatro millones de pesos, el también ex director de Pemex y antecesor de Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya, 4 millones 390 mil pesos. Los recursos a decir de Emilio lozoya les “fueron entregados en sus domicilios personales” el 15 de septiembre de 2014, y formaban parte de un total de 84 millones de pesos que entregó Braskem para sobornar a los ex funcionarios para que aprobaran el contrato con la compañía vinculada a Odebrecht.
