León, Gto. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) no indemniza a las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento en 2020, porque “a la fecha, ninguna autoridad ha dictado resolución que determine” que así lo haga, argumentó Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo.

En un comunicado, el también ex presidente de Coparmex difundió que Sapal “cumple con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos y sensible a la situación ha generado apoyos complementarios”.

Ramírez Hernández, quien prefirió pagar 1.2 millones de pesos a un abogado para litigar contra las demandas de los familiares de los fallecidos, señaló que “ha mantenido y reitera su compromiso de acompañamiento y apoyo a las familias” y que colabora “en el esclarecimiento" de lo ocurrido.

En tanto, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG), Vicente Esqueda Méndez, recomendó que las familias sean indemnizadas, se les pague el seguro de vida, tengan seguridad social y que reciban apoyo psicológico, dado que se violaron los derechos laborales de los empleados fallecidos quienes trabajaban sin contar con el perfil, sin tener capacitación y sin equipo de protección en instalaciones que necesitaban mantenimiento.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Sapal explicó que ya entregaron los seguros de vida, que autorizaron un “apoyo extraordinario” de tres meses de sueldo, y los finiquitos están depositados ante las autoridades laborales, y que “además, se les ha acompañado en la gestión de los trámites para el cobro de la pensión ante el IMSS aplicable para ascendientes, descendientes, esposas o concubinas”.

ECOSYS III, que manejaba la planta de tratamiento, denunció en su momento que el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuales fallaba porque recibía agua con exceso de contaminantes, y por tanto no se le daba mantenimiento adecuado. Sapal no le renovó el contrato.

Por ello, el 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, murieron intoxicados con ácido sulfhídrico cuando realizaban labores de mantenimiento en la infraestructura.

La Secretaría del Trabajo determinó que Sapal cumple con las normas de seguridad, y para el organismo “lo más importante es el bienestar de sus trabajadores y sus familias”.

Al ser cuestionada sobre las negligencias que comprobó la PDHG, la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos refirió que dará seguimiento al tema, llegará hasta "sus últimas consecuencias", y si la autoridad competente así lo determina, sancionará al presidente del consejo de Sapal.