Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de dos personas migrantesm ocurrida en Chiapas "a raíz de disparos por agentes de la Guardia Nacional en Chiapas el 31 de octubre.". Urgió al gobierno mexicano a "investigar diligentemente, juzgar, sancionar a responsables y reparar a las víctimas"
En tanto, un reporte de la Red de Todos los derechos para Todas y Todos sobre la situación en la frontera sur del país advierte que “el recrudecimiento de las políticas migratorias ha generado un ambiente propicio para el aumento de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades contra la población migrante, que no son investigadas ni castigadas”.
VIDEO: Chocan migrantes de la caravana con la Guardia Nacional
En su reporte la Red expresó su preocupación sobre la detención y expulsión de personas solicitantes de asilo y refugio a Guatemala sin considerar la nacionalidad de los deportados. Al mismo tiempo, como resultado de recorridos realizados por integrantes de la red sostuvieron que la situación de los migrantes se torna más compleja por “la violencia e inseguridad en la región que ha rebasado la capacidad operativa a nivel municipal, por lo que la impunidad contribuye al aumento de delitos cometidos contra migrantes que continúan sin investigarse ni castigarse.”
Al mismo tiempo, denunciaron que las políticas de hostigamiento hacia los migrantes se hace extensivo hacia quienes integran las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado las movilizaciones migratorias.
El reporte sobre el recorrido efectuado por la Red TDT (que abarca 85 organizaciones integrantes) destaca que el clima adverso para las personas en situación de movilidad ha provocado que estos sean víctimas de diversos delitos: extorsión, agresiones físicas, secuestro, trata de personas, falta de acceso a servicios médicos y humanitarios, negación de solicitudes de asilo y deportación durante su tránsito por estas rutas.
“Es claro que los operadores de las políticas de seguridad y del sistema de justicia en todos sus niveles carecen de voluntad política para atender a las víctimas. De la misma manera, se tuvo conocimiento de la falta de condiciones, indolencia y trato burocrático de las autoridades migratorias hacia la población migrante que obstaculiza la regularización de su estancia en el país, exponiéndose al riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito, además de limitar sus oportunidades en la búsqueda de empleo o tránsito a otros lugares del país”.
En tanto, un reporte de la Red de Todos los derechos para Todas y Todos sobre la situación en la frontera sur del país advierte que “el recrudecimiento de las políticas migratorias ha generado un ambiente propicio para el aumento de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades contra la población migrante, que no son investigadas ni castigadas”.
En su reporte la Red expresó su preocupación sobre la detención y expulsión de personas solicitantes de asilo y refugio a Guatemala sin considerar la nacionalidad de los deportados. Al mismo tiempo, como resultado de recorridos realizados por integrantes de la red sostuvieron que la situación de los migrantes se torna más compleja por “la violencia e inseguridad en la región que ha rebasado la capacidad operativa a nivel municipal, por lo que la impunidad contribuye al aumento de delitos cometidos contra migrantes que continúan sin investigarse ni castigarse.”
Al mismo tiempo, denunciaron que las políticas de hostigamiento hacia los migrantes se hace extensivo hacia quienes integran las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado las movilizaciones migratorias.
El reporte sobre el recorrido efectuado por la Red TDT (que abarca 85 organizaciones integrantes) destaca que el clima adverso para las personas en situación de movilidad ha provocado que estos sean víctimas de diversos delitos: extorsión, agresiones físicas, secuestro, trata de personas, falta de acceso a servicios médicos y humanitarios, negación de solicitudes de asilo y deportación durante su tránsito por estas rutas.
“Es claro que los operadores de las políticas de seguridad y del sistema de justicia en todos sus niveles carecen de voluntad política para atender a las víctimas. De la misma manera, se tuvo conocimiento de la falta de condiciones, indolencia y trato burocrático de las autoridades migratorias hacia la población migrante que obstaculiza la regularización de su estancia en el país, exponiéndose al riesgo de ser víctimas de algún tipo de delito, además de limitar sus oportunidades en la búsqueda de empleo o tránsito a otros lugares del país”.
