Ciudad de México. Por primera ocasión Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), podría comparecer ante un juez federal.

Este miércoles está programada una audiencia en la que se determinará si se le concede una nueva ampliación para que se cierre la investigación complementaria. En ese caso no se modificarán las medidas cautelares que hoy disfruta. Es decir que podrá seguir en libertad y continuar sus negociaciones para ser considerado testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta es la séptima ocasión en que Lozoya Austin solicita una ampliación para que no se decrete el fin de la investigación complementaria, ya que dede que aceptó ser extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020, no ha comparecido físicamente ante un juez.

De acuerdo con fuentes de la defensa, Lozoya Austin cumplirá la exigencia del juez José Artemio Zúñiga Mendoza de comparecer físicamente en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación.

La audiencia está programada para las nueve de la mañana. Tanto la defensa del ex funcionario como los representantes de la FGR darán ahí sus argumentos en pro y en contra de ampliar dos meses más esta etapa del procedimiento.

Funcionarios federales señalaron que estos son los escenarios para esta diligencia:

El primero es que ya no le otorguen la ampliación, se decrete el cierre de la investigación complementaria, se determine el inicio de la etapa intermedia y se otorgue un plazo de 15 días para que se presente la imputación y el desahogo de pruebas. 

El segundo escenario es que el Ministerio Público pida que se suspenda el procedimiento contra Lozoya, esto es, que la FGR confirme ante el juez que al ex director de Pemex ya se le dieron las garantías de un testigo colaborador y entonces se detenga el proceso.

Esa alternativa no significa que ya no pueda ser juzgado, como los es ahora por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de provedencia ilícita.

En ese segundo escenario sólo se interrumpe el proceso judicial, el cual se reactivaria en caso de que las declaraciones y pruebas aportadas por Lozoya no conduzcan a sentencias en los juicios contra otros involucrados en actos de corrupción.

El fondo del asunto es la imputación de que recursos entregados como sobornos por la empresa petrolera brasileña Odebrecht fueron utilizados para el otorgamiento de contratos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como para obtener apoyo de legisladores de diversos partidos para aprobar la reforma energética en 2015.