Ciudad de México. La reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador no busca expropiar las empresas privadas ni crear un monopolio estatal, sino establecer una regulación que impida la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evite que el capital privado se apodere del mercado eléctrico nacional, cuyo valor es de 6.4 billones de pesos, equivalentes a 315 mil millones de dólares, destacó Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa.

De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo federal, las firmas privadas tienen garantizado 46 por ciento de la generación, equivalente a 145 mil millones de dólares, expuso.

Si el costo de la inversión de las empresas extranjeras que ya operan en el país es de 44 mil millones de dólares, como afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), suponiendo sin conceder que ese sea el monto, con 30 por ciento del valor del sistema eléctrico nacional, ellos garantizarían una participación de 46 por ciento. No existe, por tanto, lugar a una situación de expropiación directa o indirecta.

En entrevista con La Jornada, afirma que más de dos terceras partes de las centrales eléctricas de los privados fueron financiadas por la banca de desarrollo y las Afore, es decir, con los ahorros del pueblo mexicano, y con sólo 4 mil millones de dólares estarán recibiendo un mercado que vale 145 mil millones de dólares, 36 veces más.

El funcionario asegura que el valor de la CFE está por encima del costo del sistema eléctrico nacional, ya que es de electricidad y combustibles, con una tasación de 377 mil millones de dólares.

No resulta razonable, por ello, que una empresa del pueblo de México, con 84 años de inversiones en el sistema eléctrico nacional y un valor de mercado mayor a este sistema, quede relegada a final del sexenio a menos de 20 por ciento de la generación y se encamine a su desaparición.

En la entrevista con este diario, Bartlett Díaz expuso las trampas y abusos de la reforma de Enrique Peña Nieto que se busca echar abajo con la iniciativa presidencial que se discute ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cómo considerar legítimo un sistema que desaparece una empresa pública que es de todos los mexicanos?, cuestionó.

–La reforma de Adolfo López Mateos buscó resolver problemas del desarrollo nacional. No estuvo al margen de lo sucedido en los años 40 en Gran Bretaña o Francia, que ya habían nacionalizado sus industrias eléctricas. ¿La modificación constitucional que ustedes proponen parte de consideraciones ideológicas o de la necesidad de resolver los problema del país y de su sistema eléctrico?

–La reforma constitucional que manda el Presidente al Congreso –y que él considera indispensable– obedece, más que nada, a lo que significó la de Peña Nieto, que es contraria a los intereses nacionales. Ideológicamente es nacionalista; es una medida para proteger los intereses nacionales.

“La de Peña Nieto entrega el patrimonio energético a intereses extranjeros, contra los intereses nacionales. Su objetivo es desmantelar el sistema eléctrico, que costó décadas levantar. En la exposición de motivos del presidente López Obrador se señala que se busca frenar los cambios hechos en el sexenio pasado, porque implican el despojo y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado.

Si se mantiene la reforma peñista, sus consecuencias serán dramáticas: la desaparición de CFE, la empresa más grande del país. Sin electricidad, el desarrollo y la vida social son imposibles. Esa energía es cada vez más importante, incluso más que el petróleo. La reforma de Peña Nieto es un peligro para la nación.

–¿Qué volumen de generación tienen empresas como Iberdrola, Naturgy y otras extranjeras? ¿Tienen calculado el monto de los subsidios que les entregan?

–Iberdrola tiene 26 plantas eléctricas en el país. Participa en cuatro esquemas: de generación privada, de productores independientes, autoabasto, subasta de largo plazo y centrales nuevas, construidas después de la reforma energética. Tiene dos nuevas y siete de subasta a largo plazo. Entre todas producen 20 por ciento de la energía. Como grupo, es la segunda de generación, después de CFE. El subsidio que recibe por no pagar la transmisión que le corresponde es de cerca de 900 millones de pesos al año.

–¿Por qué se requiere una nueva reforma para salvar el sistema eléctrico?

–Desde siempre, el Presidente ha dicho que el rescate de CFE es indispensable. Esto implica quitar las ataduras que llevan directa e irremisiblemente a la su desaparición.

“En la exposición de motivos se precisa cómo se va estructurando un sistema cuyo resultado, medido por los técnicos, significa que al final de este periodo, la CFE generará sólo entre 12 y 16 por ciento de energía eléctrica total, lo que la hace irrelevante.

“También se detalla que los miles de kilómetros de la Red de Transmisión y Distribución son propiedad del Estado y formalmente los administra la CFE. Pero en realidad no es así, porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la que determina las reglas y fija las tarifas, mientras el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) es el que determina quién y dónde se interconecta para subir su electricidad a la red. Ambos son los que deciden todo. Ahí empieza el acaparamiento del patrimonio nacional.

“Todo el proceso de privatización fue amañado. Si bien en la reforma de Peña se dice que no se privatiza y que CFE sigue siendo una empresa del Estado, en realidad se acomodan las leyes para que los privados puedan invertir incluso en redes, que son los nervios del sistema eléctrico. Es grave que, disfrazada, se abra la puerta a que los privados se queden con ellas.

“Unos días antes de que yo tomara posesión como director de CFE, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, autorizó una línea de transmisión privada entre Sonora y Baja California. Esto es muy importante, porque Baja California es un sistema aislado, que no está interconectado al nacional.

“Ya cancelamos una línea directa público-privada que violaba el principio constitucional, de Oaxaca (donde se ubica la mayoría de las empresas eólicas) a Morelos, en el centro del país. En Oaxaca hay un recurso natural importantísimo, que es el viento. Toda la capacidad que se sembró ahí de energía eólica es extranjera.

“Las redes son muy delicadas. Debe haber un equilibrio exacto entre demanda, consumo y generación, porque la generación no se almacena. Tiene que estar permanentemente en equilibrio.

“El sistema eléctrico requiere planeación cuidadosa. Es un sistema de grandes inversiones que toman tiempo. Construir una planta lleva tres años. La CFE tenía un sistema de planeación muy ajustado en relación con el crecimiento de la demanda, que señalaba dónde se podían construir nuevas plantas. Debe diseñarse en relación con la capacidad de las redes de atender ese tráfico.

“Está escrito en la historia del país. La iniciativa privada planifica sus negocios, ve por sus ganancias, no por el sistema eléctrico mexicano. Piensa en hacer dinero rápido, no en un plan de desarrollo de la República Mexicana.

“Sin embargo, con una voracidad impresionante, la CRE dio permisos de generación sin límite alguno, para eliminar la CFE. Hay permisos para tres veces más de lo que vamos a necesitar de electricidad en 20 años. No le importó dónde estuvieran esas plantas. Todas tienen derecho a subirse a la red.

“En este gobierno, la Secretaría de Energía emitió una política de seguridad de la red para establecer un control. Sin embargo, las empresas se ampararon, exigiendo su derecho a subirse. Se presentó una controversia constitucional, que rechazó la Corte.

“El máximo tribunal tenía que haber visto que es un asunto técnico: si tienes un mecate para colgar la ropa y le cuelgas más de lo que aguanta, el mecate se cae. Imaginen lo que es la red eléctrica.

“Habría que dilucidar si los que están abajo, que ya cuentan con permisos en exceso, tienen derecho a subirse todos a la red. ¿Cuál es el criterio para decidir? ¿El permiso que tienen los privados o los mexicanos que dependen de la red eléctrica? Es asunto de seguridad, de equilibrio.

“No sólo la ley está suspendida por razones de carácter judicial. A cada medida que hemos tomado para cambiar, las empresas responden con amparos. Por ello, en el camino, viendo lo que está pasando, el Presidente tomó la determinación de presentar la iniciativa de reforma constitucional.

“Es igual en el área de generación. Allí hay medidas inaceptables. Ni siquiera son lógicas. La ley Peña establece que como criterio para el despacho, debe tomarse en primer lugar la electricidad que cueste menos generar, pero en el sexenio pasado, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, emitió un acuerdo con un nuevo esquema denominado ‘contrato legado’, que sólo considera el costo variable. Es decir, casi sólo considera el costo del combustible y no toma en cuenta el costo fijo, que incluye inversión en infraestructura y financiamiento. Ese acuerdo va contra lo que establece la Ley de la Industria Eléctrica, una de las reglamentarias de la reforma de Peña Nieto. Sin embargo, logró que la electricidad de la CFE sea la última en subir a la red.

“Como ni el aire ni el sol cuestan, las plantas de los privados se van por delante, por ser las más baratas. Su electricidad es la primera que se despacha, aunque en realidad su generación es más cara que la de CFE, porque nuestras plantas amortizaron ya el costo fijo. Y, además, no pagan la red. Si se analiza el costo real, las centrales eólicas se van al cuarto lugar en el despacho, porque son más caras.

“El cacareo de que han hecho una gran transformación con energías limpias esconde un gran negocio, que no considera el equilibrio de la red y tiene grandes peligros para su sustentación.

“Este esquema de despacho hace un daño mortal a la CFE. Debido a él, tiene pérdidas anuales de 215 mil millones de pesos, a lo que se suman 222 mil 900 millones por la energía que está obligada a comprar a las empresas privadas.

“En la negociación del Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari sale muy orondo diciendo: ‘no permitimos la violación de la Constitución de López Mateos. Protegimos y no hubo ninguna cesión’. Pero sí la hubo. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que de inmediato se aprobó, incluyó que CFE necesitaba apoyo en generación y abrió la puerta a los privados.

“Y entonces se crean los generadores independientes, que iban a vender 100 por ciento a la CFE. No hacían servicio público, porque éste lo hace la CFE. Y empiezan a dar permisos para que regrese la inversión extranjera, disfrazada de generadores independientes.

“Otras de las figuras que aparecen en esta ley son las sociedades de autoabasto, que realizan la cogeneración para sí mismas. No estaba prohibido. Puedes generar para ti, no es servicio público.

“Entonces, empiezan a proliferar esas figuras. Desde el principio fue prostituido el autoabasto. Comenzó en un parque industrial de Monterrey, donde Enron instala una planta para generar energía y hace sus socios a los que están en ese parque, con un dólar cada uno. Pero es mentira, porque no son socios, son clientes.

“Una empresa cementera dice ‘soy autogeneradora, pero mis plantas no están todas aquí. Están en todo el país y necesito subirme a la red para llevar electricidad a todas’. Pidió que le dejaran llevar la electricidad a todas las plantas y sin pagar nada. Le llamaron porteo estampilla.”

–¿Estamos hablando de Cemex?

–Sí. En la reforma de Peña Nieto no están esas figuras, pero entraron por abajito. Son brevemente mencionadas en un transitorio, que dice que ya están instaladas y hay que traerlas para acá. Quedan con sus características y privilegios, en lo que no se oponga a la nueva legislación.

Pasan a la nueva ley y empiezan a crecer, lo que obliga a CFE a firmar nuevos contratos. La energía que le venden es cara. Además, firma por 25 años, con lo que garantiza al generador independiente su inversión, y a pesar de que el despacho varía y se les despacha a 80 o 70 por ciento, CFE tiene que pagar 100 por ciento. Es un robo descarado.

–¿Reciben utilidades en cascada?

–En automático obtienen ganancias enormes. La señal de bajo precio no la ve el usuario final. A él le cobran todo igual. Lo que hace este esquema es priorizar su despacho de energía y maximizar su ganancia.

“Además, al generador independiente se le reconocen excedentes en el contrato. ¿Cómo puede haber excedentes si deben entregar 100 por ciento de su producción a la CFE? Pero pasan los excedentes que se les da la gana.

“Son 77 mil 712 las grandes empresas que están en autoconsumo. Aparecen como socios, con cinco pesos, pero en verdad son clientes, que reciben todos los beneficios. En realidad, las centrales de autoabasto son 229, pero los grandes consumidores de electricidad del país se acomodan allí. Ni pagan la red ni están sujetos a competencia. Además, hay fraude fiscal.

Es una monstruosidad verdaderamente indignante. Son monopolios privados que la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) no ve. Ahí están metidos todos. Desde Femsa, que no paga, hasta Iberdrola, que presenta a sus clientes como socios.

–¿Entre ellas están Iberdrola y Naturgy?

–Sí, pero son varias más. Están Electricidad de Francia y la italiana Enel.

–¿Y los grandes empresarios mexicanos aliados con los extranjeros? Hay una relación que hizo CFE en que aparecen corporaciones como Walmart, Soriana, General Motors, los bancos, Telmex, Telcel, Deportes Martí, Cemex, Kimberly Clark México –de Claudio X. González–, las mineras...

–Claro. Todos los grandes consumidores de México están ahí metidos y no pagan. Establecieron un sistema oligárquico, que es el que descubre el Presidente en una mañanera.

“Si la CFE no despacha, vamos a la desaparición. Con ese mecanismo se van a apoderar de todo el mercado. No es cierto que estemos tratando de sustituir el sistema de competencia basado en las reglas del mercado, porque no existe. Los grandes consumidores no están en competencia con nadie, son monopolios privados que se suben a la red sin competir.

“Cuando el Consejo Coordinador Empresarial ataca y y dice que la reforma del presidente López Obrador está muy mal, se entiende, porque está presidido por Salazar, que es un hombre que trabajó toda su vida en Femsa. Ahí está también Claudio X. González, porque Kimberly Clark tampoco paga.

“Aquí hay dos temas: el inversionista extranjero y los beneficiarios de ese sistema. Los beneficiarios son los grandes consumidores, las grandes empresas del país. Los otros son propiedad de los fondos de inversión.

“Este sistema es un atraco, un saqueo del patrimonio nacional. Al llegar a la actual administración, en diciembre de 2018, teníamos números de 2017. La CFE estaba en 54 por ciento de generación. A junio de 2021 ya habíamos bajado a 38 por ciento, contra 62 por ciento de los privados.

“Por ello, el presidente López Obrador considera que debe rescatarse a empresa nacional de esas trampas y decidió que la relación debe quedar en 54 por ciento de generación de la CFE. Lo dijo en una reunión con los empresarios privados, a quienes señaló que el interés de México es tener una CFE fuerte, que no desaparezca.

Es indefendible el sistema actual. Por eso son mentiras tras mentiras. Pagan para que se oculte el atraco que cometen. Es verdaderamente inaceptable, seas nacionalista o no. Peña Nieto entregó el patrimonio energético a los inversionistas extranjeros. Eso es una barbaridad. Es una traición a la patria.

–Uno de los principales argumentos de quienes están en contra es que de aprobarse la ley se ahuyentará la inversión extranjera.

–Pasan por alto que una parte importante de su inversión la financió la banca de desarrollo mexicana y las Afore. Financiaron a los que venían a apoderarse del mercado eléctrico, que vale algo inimaginable, desbancando a una empresa nacional histórica. Es una afrenta al país.

–¿A cuántas les dieron créditos?

–No nos pueden dar las cantidades exactas por el secreto bancario, pero ahí está el porcentaje banco por banco. ¿Cómo le hicieron para lograr eso? El gobierno les facilitó todo para que el gran consumidor cuente con la posibilidad de no pagar. Tienen contratada una demanda de más de 5 mil kilovatios, que no pagan. Ellos no generan. Y, al mismo tiempo, tenemos que quienes viven en las colonias, los dueños de las tienditas, las misceláneas, hacen esfuerzos por pagar.

El sistema está diseñado para el saqueo, lo que han firmado no pude ser producto mas que de la corrupción, en la que participaron los funcionarios. Peña Nieto y Luis Videgaray firmaron eso.