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Deplora CIDH criminalización de mujeres que abortan en El Salvador

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Marcha en El Salvador con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado ocho de marzo. Foto Afp/Archivo
03 de noviembre de 2021 22:01

San Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el miércoles que ve con "gran preocupación" que El Salvador sigue siendo el país con el mayor número de feminicidios en América Latina y El Caribe y deploró la criminalización del aborto en la nación centroamericana.

En un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país divulgado el miércoles, la CIDH destacó que, de acuerdo a datos oficiales salvadoreños, el año pasado se registraron 130 feminicidios. En 2019, el número fue de 111 y en lo que va del año se registran 97.

El organismo destacó las muestras de "odio y ensañamiento" en los homicidios de las mujeres, cuya situación se vio agravada durante las medidas de restricción a la movilidad decretadas para contrarrestar el avance de la pandemia, que las mantuvo en casa, en muchos casos, con sus agresores.

Además, la comisión rechazó las condenas de hasta 40 años que han enfrentado algunas mujeres por abortar, incluso involuntariamente, debido a las punitivas leyes locales.

"La normativa que criminaliza el aborto en todas circunstancias sigue vigente en el país, impactando negativamente los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación", indica el reporte, producto de una visita a finales del 2019.

La CIDH llamó al gobierno salvadoreño a fortalecer el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia y pidió que las leyes locales se homologuen con los estándares interamericanos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

El dos de octubre, el congreso salvadoreño votó en contra de una moción propuesta por organizaciones feministas, para despenalizar el aborto en situaciones en las que la vida de la mujer esté en riesgo.

En tanto, el organismo llamó la atención a la situación de hacinamiento carcelario persistente en el país, que ha sido agravada desde la decisión tomada en abril de 2020 por el presidente Nayib Bukele, de negarle a pandilleros recluidos el contacto con sus familias y mantenerlos encerrados en sus celdas 23 horas al día.



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