León. La alcaldesa panista de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció que se reunirá con el presidente del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL), Jorge Ramírez Hernández, para que informe cuál es la situación jurídica con las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento de aguas residuales.

“La intención es apegarnos a derecho, hacer lo correcto y sobre todo estar cercanos a la parte humana, con los familiares que perdieron la vida”, dijo al ser cuestionada sobre la posible recomendación que emitirá la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).

Adelantó que la próxima semana se reunirá con el presidente del SAPAL donde abordará “varios temas”, entre los que destacan la muerte de los trabajadores.

El 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, murieron intoxicados con ácido sulfhídrico cuando realizaban labores de mantenimiento en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento.

El presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández; y el director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, se han negado a indemnizar a las familias.

Los directivos prefirieron pagar más de 1.2 millones de pesos al despacho del abogado Juan Carlos Peña –ex candidato a síndico por Movimiento Ciudadano- para litigar las demandas civiles.

La empresa ECOSYS III, quien manejaba la planta, denunció que el equipo mecánico, eléctrico y de procesos de tratamiento fue dañado por basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas que descargaban los curtidores con la anuencia del SAPAL.

A raíz de la denuncia, el SAPAL decidió no renovar la concesión a ECOSYS y el 22 de septiembre del 2020 tomó el control de la planta tratadora de aguas residuales.

Los trabajadores fallecidos no contaban con capacitación, ni el equipo de seguridad necesarios, denunciaron las familias.