Si bien, como ha sido señalado por la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, la principal amenaza para la nación en relación con el lavado de dinero es la delincuencia organizada, seguido por el nivel de recursos ilícitos generados por el país y la corrupción, tal como arroja dicho diagnóstico, dentro del territorio nacional no se han suscitado casos de terrorismo ni se ha detectado algún tipo de transacción que pudiera dar lugar a una investigación relacionada con este fenómeno delictivo. Tampoco se ha identificado la existencia de combatientes terroristas. Sin embargo, la posición geográfica y la porosidad de las fronteras, así como la existencia de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) abren la posibilidad de que México sea utilizado como plataforma financiera del terrorismo internacional, lo cual ni siquiera nos lleva a suponer que las bandas que operan son equiparables con grupos conocidos.

Que la delincuencia organizada represente la mayor amenaza en nuestro país obedece, principalmente, a la diversificación de la cartera de operaciones ilícitas generadas por esas agrupaciones, además de la proveniente del tráfico de drogas, como son el abanico de delitos que generan grandes recursos para sus organizaciones como la extorsión, el secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y trata de personas, entre otros. En este sentido, a su capacidad financiera y económica para lavar dinero por esas actividades ilícitas, se puede continuar con el financiamiento de sus redes de criminalidad. He aquí que el componente económico representa el mayor aliciente para este tipo de grupos delictivos, y no necesariamente lo es para terroristas, que como su nombre lo indica, buscan provocar un estado de terror en la población o en un grupo de personas en particular para propósitos más políticos, ideológicos, raciales, étnicos, religiosos o de cualquier otra naturaleza a los que se puede invocar para justificar sus actos.1

Y precisamente, si se toman en cuenta las vulnerabilidades del sistema de prevención en materia de financiamiento al terrorismo en nuestro país, entre las acciones emprendidas por el gobierno de México, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante este año se generó un protocolo de intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia a fin de actuar de manera coordinada en la detección y combate de posibles casos relacionados con financiamiento al terrorismo, a propósito de la posición geográfica que guarda el país e interrelación que se tiene con Estados Unidos y la Unión Europea, que son blancos prioritarios para el terrorismo internacional.

Asimismo, el 7 de diciembre de 2020 la UIF emitió la guía para combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las organizaciones sin fines de lucro, mediante la cual se establecen diversas herramientas para que, con independencia de llevar a cabo o no la actividad vulnerable en la recepción de donativos, puedan mitigar el riesgo de ser utilizadas en la realización de actos u operaciones con el financiamiento al terrorismo. En este sentido, México solicitó a través del tercer informe de seguimiento intensificado presentado por la UIF ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la recalificación de la Recomendación 8 referida a las OSFL, que pasó de parcialmente a en su mayoría cumplida.

Finalmente, durante la reunión plenaria del GAFI la semana pasada, se abordó que la amenaza del terrorismo sigue agravándose en muchas regiones del mundo, incluyendo los recientes ataques en Afganistán, Irak y regiones de África y el sur de Asia, y que han sido reivindicados por el Estado Islámico de Irak, El Levante y sus grupos afiliados, o realizados por atacantes solitarios inspirados en ellos, por lo que el GAFI ha publicado dos declaraciones públicas independientes respecto al financiamiento del terrorismo y la situación en Afganistán, considerando lo delicado de la situación y la necesidad de actuar sin comprometer tanto acuerdos, como la seguridad e integridad física de los involucrados. Esto sujeta a México a seguir con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y fortalecer, cada vez más, la cooperación interinstitucional dentro y fuera de sus fronteras en el combate al financiamiento al terrorismo, con la objetividad y la transparencia de los datos que nos alertan de la presencia o no de grupos de ese tipo en territorio nacional.

1 En 1994 la Asamblea General de la ONU aprobó la declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional en su resolución 49/60, https://www.ohchr.org/Documents/ Publications/Factsheet32sp.pdf

* Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público