Cuernavaca, Mor.- Juan Pablo N y  Ricardo  N, de 27 y 21 años de edad, cumplieron un año privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso), acusados de “asociación delictuosa, secuestro agravado y secuestro exprés” por la Fiscalía General del Estado (FGE).

 Juan Pablo y Ricardo- junto con otras 76 personas- fueron detenidos el pasado 20 de octubre de 2020 cuando tomaron el punto de peaje “Ing. Francisco Velazco”, conocido también como la caseta de Alpuyeca, en la autopista del Sol.

El objetivo era pedir “cooperación” para comunidades pobres e indígenas del estado de Guerrero. Además recolectaban dinero para pagarles entre 200 y 300 pesos al día a los jóvenes que participaban en la protesta.

 El crimen de Juan Pablo y Ricardo fue no tener trabajo y ser personas de escasos recursos económicos, igual que las otras 57 personas, asegura en entrevista con La Jornada su abogado Diego Armando Muñoz Salgado.

 “Para nosotros, evidentemente, las circunstancias de este hecho, no son ordinarias, no pertenecen a un secuestro como hemos escuchado en otros asuntos, evidentemente hay bandas bien organizadas que se dedican al secuestro en sus diferentes modalidades, a través de violencia, normalmente con la  utilización de armas de fuego y en lugares en donde tiene en cautiverio a las víctimas”.

 El abogado afirma que no hay evidencia de dichos secuestros: “¿que tenemos? sí personas que se encontraban en un lugar público como es una caseta, un lugar transitado, y que ellos de alguna u otra manera buscaban a través de esta conducta obtener recursos para ellos, obtener más beneficios para estos pueblos marginados de Guerrero”.

 “En el caso particular, de los de aquí, los de Morelos a ellos (los que representa este abogado) se les invita a trabajar a hacer una actividad laboral en esta caseta, que consiste en apoyar esta manifestación y así es como muchas personas, pues se acercaron ante la necesidad de trabajo que tenían y de  colaborar con estos grupos”, explicó el abogado en entrevista.

Juan Pablo y Ricardo, originarios de Xochitepec, Morelos, decidieron ir a apoyar este movimiento por falta de trabajo y por no tener recursos económicos. Según el abogado, recibieron una paga diaria de entre 200 y 300 al día. Algunos de los detenidos no hablan español y pertenecen a pueblos originarios.

Cubrieron dos o tres días fueron a estas manifestaciones de "toma de la caseta", cuando fueron detenidos en el operativo que encabezó la FGE.

Sumado a esto, hay varios detenidos quienes buscan tramitar amparos por violaciones a sus derechos humanos y sostienen que las acusaciones por el delito de secuestro no son procedentes. Las denuncias fueron interpuestas ante el juzgado octavo federal de Morelos, los amparos aún no se han resuelto.

En caso que este amparo no se les conceda, el abogado Muñoz Salgado afirma que todavía queda el recurso de revisión.

Afirmó que los 57 adultos recluídos en el Cereso de Atlacholoaya, así como los 21 que están en centros de reclusión para menores de edad, son personas de escasos recursos, jóvenes y personas pobres, algunos indígenas. No secuestradores, además no tienen antecedentes penales, resaltó el abogado.

El colmo de este proceso penal es que el ministerio público de la FGE está pidiendo 90 años de sentencia para los acusados de secuestro agravado, y 90 años para otros señalados de secuestro exprés, ya que las autoridades no unificaron las acusasiones. Hay que añadir el delito de asociación delictuosa, que sumaría a sus sentencias otros 6 años.

Los familiares de los detenidos afirman que la FGE los agarró como “conejillos de indias” para tratar de erradicar la toma de casetas.

El abogado argumentó que por muchos años “el gobierno permitía estas actividades como parte del derecho de manifestación que tiene los ciudadanos”.

También afirmó que la FGE buscó que los detenidos quedarán en prisión preventiva al acusarlos de delitos graves como secuestro.

Las 78 detenciones ocurrieron el 20 de octubre del año pasado, en ese tiempo se detalló que 15 de éstas eran de Morelos y 61 del estado de Guerrero.

Pero la noche del 21 de octubre, la Unidad Especializada contra el Secuestro de la FGE, ahora Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, arrestaron a 69 familiares de los detenidos, por protestar afuera de las oficinas, por agredir a policías y posteriormente fueron acusados de secuestro.

De los 69 detenidos por la protesta del 21 de octubre en Cuernavaca, 39 hombres, 16 mujeres y14 son menores de edad. Estas personas no han sido liberadas pues la FGE los acusó de privación ilegal de la libertad para que se les dictara prisión oficiosa.