Ciudad de México. Organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que monitoreé las movilizaciones encabezadas por mujeres y se pronuncie ante presuntas violaciones al derecho a la libre expresión, reunión pacífica, a la integridad, privacidad y una vida libre de violencia de las manifestantes.

Lo anterior, tras denunciar que el Estado “ha respondido con violencia y discursos estigmatizantes, afirmando que son movimientos conservadores”, para restarles legitimidad, “ignorando los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y cometiendo violaciones a derechos humanos”.

En una audiencia pública de la CIDH, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entre otras, también solicitaron a este organismo internacional que exhorte al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las manifestaciones encabezadas por mujeres y se abstenga de estigmatizar a sus participantes ya sea en el entorno físico o virtual, así como que “investigue de forma seria, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género las violaciones que han vivido las mujeres al participar en protestas”.

Carla Inés Ríos, del FLEPS, mencionó que durante los años 2020 y lo que va del 2021 las organizaciones han documentado represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados del país: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, estado de México, Querétaro y Ciudad de México. Entidades que “tienen en común que durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas varias de ellas, incluyendo niñas sufrieron violencia física, psicólogica, verbal y sexual, basada en estereotipos de género, seguido en algunos casos del inicio de procesos penales en su contra”.

A nombre de las organizaciones participantes expuso que “el uso desproporcionado de la fuerza, en particular la violencia sexual en contra de mujeres en las manifestaciones así como el uso indebido del derecho penal se han realizando incumpliendo normativas internacional y nacional en la materia, y han sido usados para aleccionarlas y castigarlas por ser consideradas malas mujeres que merecen un escarmiento por haber desafiado los estereotipos de género”.

El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández, expuso que en los dos últimos años las mujeres y las niñas han protagonizado algunas de las protestas más multitudinarias en México, tanto en fechas de especial relevancia como el 8 de marzo, Día de la Mujer, como para exigir justicia frente a la violencia machista, las desapariciones de féminas, los feminicidios y la violencia sexual.

“La reacción policial, en su mayoría proveniente de autoridades de las entidades federativas o municipales han producido violaciones de múltiples derechos humanos, expresadas en el uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, violencia sexual, estigmatización y criminalización”, señaló.

Asimismo, alertó que las agresiones también han alcanzado a las periodistas que han cubierto las manifestaciones ya que han sido víctimas de ataques verbales y físicos “con un fuerte componente de género”.

En este contexto, recordó la manifestación del 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo, en donde las autoridades utilizaron armas de fuego e hirieron de bala al menos a tres personas, dos de ellas mujeres.

Al respecto, Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dijo que éste órgano trabaja para garantizar la libertad de expresión de las mujeres y de todos sus derechos. “Estamos en contra de criminalizar la protesta y somos empáticas con las manifestaciones de las mujeres”.

En tanto, que la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, mencionó que reconocen la importancia de escuchar las demandas de este sector de la población “como elemento indispensable para avanzar en el respeto de sus derechos”.

La representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alma Arriola Beltrán, señaló que se han diseñado capacitaciones y protocolos para mejorar la actuación de los cuerpos de seguridad en el país.

Las organizaciones civiles también pidieron a la CIDH que se pronuncie la naturaleza de la Ley nacional de uso de la fuerza y sobre la urgencia de adoptar mecanismos de supervisión externa de los cuerpos de seguridad.

En su turno, Julissa Mantilla, primera vicepresidenta de la CIDH, resaltó que en el caso concreto de los derechos de las mujeres, todos se han ganado conseguido fundamentalmente por protesta, desde el derecho al voto, desde acceder al divorcio, a la universidad. “Ninguno de esos derechos se dio por sentado sino que hubo muchas mujeres que estuvieron protestando constantemente”, dijo.