A 17 años del asesinato de Nadia Muciño en el 2004, víctima de ahorcamiento por parte de su esposo y su cuñado en el estado de México, su caso se presentó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nombre del estado mexicano, la secretaría de Gobernación admitió hoy que en el proceso judicial se cometieron violaciones en agravio de la familia que permitió que uno de los asesinos fuera absuelto a pesar del testimonio de los hijos (entonces de 5,4 y 2 años) que narraron el homicidio de su madre en audiencias judiciales.

Durante casi hora y media se presentó un caso que ejemplifica, explicó Edith Olivaes, perita de Amnistía Internacional que acompaña el caso, la violencia de género en México y la impunidad que prevalece en los feminicidios. Si en el 2004, cuando asesinaron a Nadia, se cometieron mil 214 feminicidios en México, pero en 2020, se registraron 3 mil 273 muertes violentas de mujeres.

Marcos Moreno, coordinador de Asuntos Internacionales de la secretaría de Gobernación reconoció plenamente la violación de los derechos humanos de la familia de Nadia: “Si bien el homicidio de Nadia fue cometido por particulares cuya naturaleza es de carácter civil, el estado mexicano es responsable de la comisión de diversas violaciones de derechos humanos en agravio de Nadia y familiares, los cuales deben traducirse en acciones conctetas no solo para reparar integralmente a su familia”.

Maria Antonia Márquez, madre de Nadia describió su larga lucha por alcanzar la justicia. Detalló que en 2004, Nadia murió con una soga y las manos atadas frente a sus hijos, había sido asesinada por su esposo Bernardo Rodriguez y su hermano Israel. Ella había sido victima de diversas agresiones e incluso un secuestro por su esposo, sin que se dictaran acciones de protección ni se investigaran sus denuncias.

“Sus hijos presenciaron la crueldad con laque le arrebataron la vida a su madre” pero a pesar de que existían evidencias, en primera instancia se determinó que fue un suicidio, se perdieron las evidencias del asesinato; no se resguardo la escena del crimen y la familia de los asesinos pudo quemar el lugar para perder indicios.

Larga narración que incluyó la referencia a la aprehensión inicial de Israel, que fue sentenciado a 42 años de prisión, pero fue liberado por Tirbunal Colegiado 3 años después desvirtuando los testimonios de los hijos bajo el argumento de que no tenían noción entre la realidad y la fantasía. Posteriormente se detuvo Bernardo, quien apeló la sentencia de 42 años de prisión y que aun no se encuentra firme.

La narración fue definida por la relatora de la CIDH, Julissa Mantilla como un caso emblemático de una larga lucha de la justicia de muchas madres en la región y la violencia que prevalece contra la mujer.

Durante la audiencia, a nombre de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, autoridades del estado de México no aludieron expresamente al caso y solo argumentaron sobre la creación de instancias y leyes para enfrentar la violencia contra la mujer