Madrid. El Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, dio marcha atrás, al menos parcialmente, a las medidas adoptadas hace algo más de un mes para atajar el grave problema de la energía en el país, provocado sobre todo por los altísimos precios de la electricidad y el gas.

Las medidas, aprobadas en el Congreso de los Diputados hace sólo 10 días, contemplaban la confiscación hasta de 2 mil 600 millones de euros de los beneficios de las eléctricas por los altos costos de la energía, pero finalmente no será así, gracias a la aprobación de un nuevo decreto ley, impulsado hoy mismo en el Consejo de Ministros, con el que se suaviza notablemente lo que en su día se vendió como la medida estrella del decreto.

Desde que España, y el resto de Europa, viven sometidas a los vaivenes de las subastas del mercado mayorista de la energía, el precio de la electricidad no ha dejado de subir y hoy mismo se pagó a 215 euros el kilowatio hora (KWh), más de 400 por ciento que hace sólo tres años.

El drama social que provocan estas alzas hizo reaccionar finalmente al gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), que en su día prometieron que harían de la lucha contra la pobreza energética una de sus prioridades. Su reacción, que para muchos fue tardía, consistió primero en una reducción de los impuestos a la factura de la luz y después el decreto ley que impulsaron en septiembre y culminó su trámite parlamentario hace 10 días.

Desde su aprobación en el Consejo de Ministros el 10 de septiembre, la cinco grandes empresas de la energía en España, encabezadas por Iberdrola, iniciaron una ofensiva para evitar esa confiscación de sus beneficios.

En un clima de enfrentamiento advirtieron que si se mantenía el sentido de ese decreto, ellos replantearían sus inversiones a futuro –más de 3 mil millones de euros a mediano plazo–, lo que supondría una paralización de la modernización del sector en su transición hacia un formato más renovable.

También hicieron dos movimientos estratégicos: utilizaron a uno de sus principales aliados políticos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para advertir que si se mantenía esa política energética no aprobarían el presupuesto y probablemente dejarían caer al gobierno, al depender de sus diputados para sacar adelante sus iniciativas. El segundo, fue la reciente visita del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a Londres para reunirse con el primer ministro, Boris Johnson, quien ofreció todas las facilidades para sus inversiones cuando la eléctrica española anunció inversiones en Reino Unido por más de 7 mil millones de euros.

Con este panorama, la vicepresidente tercera y responsable del área de energía, Teresa Ribera, anunció la modificación del decreto, que suaviza hasta casi hacerla imperceptible, precisamente la medida que más molestó a las empresas eléctricas: la de la confiscación de sus beneficios.

En su explicación advirtió que había prometido dejar exentos a esos contratos de la minoración a los ingresos de las eléctricas recogida en septiembre ante el efecto de la subida exponencial del gas natural en el mercado mayorista eléctrico. Y lo justificó diciendo que se trata de una aclaración y un ejercicio de transparencia.

Ahora, los contratos bilaterales entre las generadoras y la industria, que suelen establecerse con base en los mercados a largo plazo, no se verán afectadas por el hachazo fiscal a los beneficios extraordinarios siempre que se acredite que esos contratos no están vinculados al mercado mayorista y, por tanto, no están disfrutando de la escalada brutal de precios de los próximos meses. Esa fue precisamente la petición de los ejecutivos de las cinco empresas eléctricas: Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol.

Ribera, a la pregunta de si finalmente se confiscarían o no esos 2 mil 600 millones de beneficios extraordinarios, prefirió explicar así el cambio de escenario: Queremos ser prudentes en el impacto del cálculo. El objetivo más importante es garantizar precios bajos.

Ahora este nuevo decreto, que modifica parcialmente al anterior, también tendrá que ser validado en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, en donde el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría, así que se espera un debate tenso.

Fracaso en Bruselas

La delegación diplomática española en Bruselas cosechó un nuevo fracaso en su intento de que la Comisión Europea y el conjunto de las instituciones comunitarias aprobaran la propuesta española de que se adopten medidas a corto plazo para superar la crisis energética. Tampoco tuvo eco la idea de España de salir temporalmente del sistema de precios europeo de la electricidad, al menos hasta que amaine la tormenta de las altas tarifas. Alemania y ocho países más están en contra, con lo que difícilmente se aprobará esta medida de excepción.