Ciudad de México. Al dar a conocer su informe denominado En ruta hacia la Paz (que celebra sus 25 años de existencia), Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz) destacó que frente a la crisis de derechos humanos que arrastra el país desde hace varios años, el reconocimiento de esta condición permitió la construcción, impulsada por la gran movilización de los colectivos de búsqueda, de una institucionalidad y marco legal para hacer frente a uno de sus aspectos más complejos: la desaparición de personas.

Durante la presentación, la ex directora de Serapaz, Dolores González destacó que la dimensión del problema de los desaparecidos ha tenido una respuesta social en el crecimiento de los colectivos de búsqueda que ya son más de cien en todo el país. Su lucha, dijo, permitió construir una capacidad de respuesta del estado ante la insuficiencia institucional y legal para dar respuesta a un problema de la magnitud de la desaparición de personas en México.

Entre los logros alcanzados en los primeros años del gobierno federal actual, resaltó el nuevo Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. “Si no existen capacidades del estado aunque haya voluntad política de reconocer el problema, no es posible avanzar para resolverlo, aunque sigue creciendo como demuestra el caso de Guanajuato, donde este año se ha registrado una explosión.

En su oportunidad, la directora actual de Serapaz, Diana Lepe lamentó el debilitamiento de la interlocución de las organizaciones sociales ante el gobierno, reconocemos como con este gobierno se da un alejamiento con organizaciones de la sociedad civil”.

Subrayó las complicada situación que enfrentan los defensores de derechos humanos, los periodistas y quienes buscan defender sus territorios, los cuales se encuentran en una mayor condición de vulnerabilidad, pues a pesar de que existe un reconocimiento del problema, los recortes presupuestales ha debilitado el acuerpamiento de personas defensoras lo cual ha traído retrasos e inconvenientes para proteger a quienes se encuentran en riesgo.

Al respecto Gonzalo Ituarte consideró que hay una “miopía tremenda en torno a las organizaciones, su visibilización y articulación”. Hay una pretensión de “minimizar, ridiculizar, despreciar y volver a una mentalidad de estado en el que el gobierno es el actor principal. Eso es injusto, genera mayores riesgos que pueden enfrentar algunas personas metidas en estos campos. Es un signo muy negativo que no era esperable en esta etapa, pero hay que asumirlo. No podemos renunciar”.

A su vez, Olinka Marina, quien participó en la elaboración del informe, aseveró que el clima de violencia que prevalece en el país, está afectando a las comunidades en diversas dimensiones. Hay un incremento de riesgo de quienes buscan ejercer un control territorial de comunidades, “los pueblos han tenido que relegar sus agendas para sobrevivir frente a la violencia.”.

Teresa Valdez, subdirectora operativa de Serpaz aseveró que en la luchas de las comunidades de la defensa de sus territorios ante los megaproyectos y grandes inversiones han sido asumidas de diversas formas por los pueblos. Hay quienes han aceptado dichos proyectos, quienes han optado por dialogar o los que se han inclinado por la resistencia.