Ciudad de México. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revierte las disposiciones que permitían prisión preventiva para quienes incurran en delitos fiscales, hará que se pierda el “miedo al fisco” y afectará la recaudación, consideró hoy Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
“Yo respeto las opiniones de la Corte, pero no estoy de acuerdo con lo que resolvieron las ministras y los ministros. Creo que va a perderse en temas de recaudación y de percepción de riesgo, es decir, se va a perder que los defraudadores le tengan miedo al fisco”, comentó a La Jornada.
La víspera, el pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió por mayoría —ocho votos a favor—que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en los casos de contrabando, defraudación fiscal, así como por el uso, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
Durante la discusión, la mayoría de ministros consideró que la medida de prisión preventiva oficiosa —que implica cárcel previo a un juicio—va contra la presunción de inocencia. Incluso el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aseguró que esta medida cautelar por lo general castiga la pobreza.
Como resultado de una iniciativa de la actual administración federal, en 2019 el Congreso aprobó prisión preventiva oficiosa para los casos en que se encontrara facturación falsa por arriba de los 8 millones 695 mil 470 pesos. Además del monto, para judicializar se consideraban sólo los casos en que tres o más personas de forma permanente y reiterada llevaran a cabo operaciones simuladas. Esta medida cautelar que entró en vigor el año pasado fue enterrada este lunes por la Corte.
“Considero que no se analizaron todos los filtros de control que se tienen en la prisión preventiva”, comentó Romero Aranda. No obstante, “en casos de años anteriores donde existan órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, los procesos siguen vigentes”, agregó.
El procurador declinó hablar de casos específicos para evitar cualquier intromisión en los procesos que están en curso.
“Yo respeto las opiniones de la Corte, pero no estoy de acuerdo con lo que resolvieron las ministras y los ministros. Creo que va a perderse en temas de recaudación y de percepción de riesgo, es decir, se va a perder que los defraudadores le tengan miedo al fisco”, comentó a La Jornada.
La víspera, el pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación resolvió por mayoría —ocho votos a favor—que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en los casos de contrabando, defraudación fiscal, así como por el uso, expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
Durante la discusión, la mayoría de ministros consideró que la medida de prisión preventiva oficiosa —que implica cárcel previo a un juicio—va contra la presunción de inocencia. Incluso el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, aseguró que esta medida cautelar por lo general castiga la pobreza.
Como resultado de una iniciativa de la actual administración federal, en 2019 el Congreso aprobó prisión preventiva oficiosa para los casos en que se encontrara facturación falsa por arriba de los 8 millones 695 mil 470 pesos. Además del monto, para judicializar se consideraban sólo los casos en que tres o más personas de forma permanente y reiterada llevaran a cabo operaciones simuladas. Esta medida cautelar que entró en vigor el año pasado fue enterrada este lunes por la Corte.
“Considero que no se analizaron todos los filtros de control que se tienen en la prisión preventiva”, comentó Romero Aranda. No obstante, “en casos de años anteriores donde existan órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada, los procesos siguen vigentes”, agregó.
El procurador declinó hablar de casos específicos para evitar cualquier intromisión en los procesos que están en curso.
Entre algunos de los casos que se han divulgado, como el de Raúl Beyruti, dueño de GIN Group, y el del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, se persigue defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Todos por hechos de 2016 a 2018, en los que no aplica la reforma revertida por la Corte.
