Ante la inminente salida de una nueva caravana de migrantes desde Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México, este sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diferentes autoridades federales y estatales para proteger los derechos y la seguridad de estas personas, sobre todo, “ante la posibilidad de que se recurra al uso de la fuerza pública para contenerlos; además de que durante su tránsito requerirán atención especializada y la provisión de satisfactores básicos en materia de alimentación, salud y seguridad”.
En esta caravana se estima que participarán 4 mil personas en su mayoría de Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
A través de sendos oficios girados a las Secretarías de Salud (Ssa), Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las Secretarías Generales de Gobierno de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, la CNDH requirió garantizar atención humanitaria de urgencia, proporcionando agua, suero hidratante, alimentos, personal médico especializado y de primeros auxilios, medicamentos, ambulancias para conducciones a hospital, especialistas que brinden atención psicológica, productos de aseo personal y pañales desechables, entre otros insumos.
Asimismo, demandó privilegiar el cuidado de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad; además de la conformación de un grupo multidisciplinario de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados para otorgarles protección integral y determinar el interés superior de la niñez.
En un comunicado, la CNDH expuso que particularmente, solicitó a la Ssa implementar medidas de prevención y atención ante la pandemia por Covid-19 y al INM que las labores de verificación migratoria que realice con el apoyo de instancias federales, estatales y municipales, se practiquen en el marco del respeto a los derechos humanos; se observe puntualmente el principio de no devolución de las personas solicitantes de refugio y brinde condiciones dignas de alojamiento en los lugares de pernocta.
A la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a las Secretarías de Gobierno de Chiapas, Tabasco, y Oaxaca se les pidió que cualquier actividad relacionada con el desplazamiento de la caravana migrante se lleve a cabo salvaguardando la integridad de las personas y que, en caso de recurrir al uso de la fuerza, ésta se realice en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, así como brindar seguridad y protección perimetral.
En tanto que a la Comar se le pidió realizar las acciones necesarias para la atención, seguimiento y resolución de los procedimientos de las personas que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado y mantenerlos informados sobre el curso de dicho trámite; agilizando la expedición, a favor de dichos solicitantes, de la Constancia de Trámite respectiva.
Indicó que al gobierno de la Ciudad de México no se consideró necesario incluir en la petición de las medidas, dado que la CNDH mantiene comunicación estrecha, “toda vez que existe el compromiso de las autoridades de otorgar a los integrantes de la caravana todas las medidas de protección y salvaguarda para una estancia segura y respetuosa de su condición, en las mejores condiciones”.
