Ciudad de México. Proveedores de servicios legales de México y Estados Unidos protestaron por la decisión de la administración del presidente estadunidense Joe Biden de reanudar el programa Quédate en México, formalmente conocido como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), al tiempo que destacaron que no hay forma de hacer de éste un mecanismo seguro, humano y legal.

En una misiva dirigida al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris, al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y al fiscal general Merrick B. Garland, integrantes de despachos de abogados y clínicas de facultades de derecho también manifestaron su negativa a “ser cómplices”, al comprometerse a brindar sus servicios legales, de un programa “que facilita la violación, la tortura, muerte y separación de familiares de personas que buscan protección”.

Al Otro Lado, Americans for Immigrant Justice, Asylum Access, Casa del Migrante en Tijuana, Harvard Immigration and Refugee Clinical Program, Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras 67 firmantes más, indicaron que ninguna medida de participación de la sociedad civil mitigará “los daños de este programa horrible, racista e ilegal”.

Además, alertaron que representar a personas devueltas bajo el MPP o expulsadas por la política conocida como Título 42, “también ha puesto en peligro a abogados y grupos humanitarios, incluido el personal de algunos de las organizaciones firmantes”.

De hecho, continuaron, durante los dos años que estuvo operado el programa bajo el mandato del ex presidente Donald Trump, abogados estadunidenses “fueron amenazados con secuestro y violencia” por su relación con su representación de personas en MPP, y las condiciones “han empeorado”, haciéndose “más peligroso” tanto para las personas y familias que buscan protección como para cualquiera que los intente ayudar.

Señalaron que desde que la administración del presidente Biden asumió el cargo, “ha habido 6 mil 356 informes de secuestro, violación, tortura y otros ataques contra migrantes bloqueados en los puertos de entregada o expulsados a México”.

Resaltaron que el amplio control territorial por parte de grupos criminales y la “complicidad de agentes del gobierno mexicano” en ataques violentos y secuestros contra migrantes y solicitantes de asilo, “deja claro que el gobierno de Estados Unidos no puede volver a implementar el MPP sin someter a las personas vulnerables a violencia generalizada”.

En este sentido, instaron a la administración de Biden a “hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la reinstalación del MPP”. Pidieron que emitan un nuevo memorándum en el que se proporcione una explicación más detallada sobre la decisión de terminar con el programa Quédate en México y ello resuelva cualquier problema con la Ley de Procedimiento Administrativo identificado por el tribunal de distrito.

Asimismo, demandaron que se informe “inmediatamente” al gobierno de México que Estados Unidos no puede garantizar mayor acceso a un abogado en virtud de un MPP reinstalado, ni que ese país puede asegurar que las audiencias judiciales concluirán dentro de los 6 meses de plazo.

Finalmente, pidieron que se tomen medidas inmediatas para poner fin a las expulsiones “crueles e ilegales” bajo el Título 42, y “restablecer el acceso al asilo en la frontera, incluso en los puertos de entrada”.