Cuernavaca, Mor. Patricia “N”, secretaria de Obras Públicas en la administración estatal que encabezó el perredista Graco Ramírez, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público al avalar de manera ilegal la adjudicación directa de una obra de modernización del Lago de Tequesquitengo por 42 millones 591 mil 188 pesos, informó la Fiscalía Anticorrupción Estatal.
La vinculación a proceso fue dictada por un juez de control el pasado martes, después de que se cumplieran las 144 horas que se decretaron el pasado viernes para definirse la situación jurídica de la ex titular de Obras del sexenio anterior, de 2012-2018.
El pasado viernes, por este mismo delito fueron vinculados a proceso también tres funcionarios más de la Secretaría de Obras: Sergio "N", ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Obra; Alejandra "N", ex directora general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública, y José "N" ex director General de Caminos y Puentes.
Los cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Obras de la administración que precedió a la actual de Cuauhtémoc Blanco, enfrentarán sus procesos penales en libertad.
En el expediente de esta acusación se menciona que el 30 de diciembre de 2015 los cuatro ex funcionarios estatales avalaron, presuntamente, de manera indebida el fallo emitido en favor de la empresa Asfaltos PRISMA S.A. de C.V., mediante el cual se adjudicó de manera directa el contrato de obra pública número SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.-082/2015, por un monto total de 42 millones 591 mil 188 pesos.
“Presuntamente los imputados no acataron lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas vigente en 2015, la cual establecía que el tope máximo por adjudicación directa era de un millón 278 mil pesos, por lo que contravinieron y violentaron las disposiciones aplicables a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas”, argumentó la fiscalía anticorrupción.
Por su parte, en entrevista con La Jornada el ex secretario de obra pública Fidel Giménez-Valdez Román aseveró que durante la administración de Graco Ramírez y durante la titularidad de Patricia N, hasta en 95 por ciento de los contratos de obras públicas se adjudicaron de manera directa o por invitación restringida, violando las leyes federales y estatales, amén de muchos otros proyectos que en esa administración quedaron inconclusas.
Entre éstas destacan, según el ex funcionario, la construcción del Congreso local, el Tribunal Unitario para la Justicia de los Adolescentes, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y las comandancias de Huitzilac y Ocuituco.
En tanto, de acuerdo con la diputada de RSP, Érika Hernández Gordillo, debido a que el edificio del Congreso local no ha sido terminado —aunque fue inaugurado por el ex gobernador y los integrantes de la 53 legislatura el 28 de febrero de 2018, en su mayoría perredista—, hasta esta fecha “el contrato de obra pública no se ha logrado concluir o cerrar administrativamente”, por lo que no hay certeza jurídica si el Poder Legislativo es propietario “o no” de su sede.
