Chilpancingo, Gro, El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que a la par de que se legislen los matrimonios infantiles o forzados en municipios de la Montaña Alta de Guerrero —como lo propusieron algunos senadores—, es necesario que el Estado garantice también el derecho a la educación, la salud, y al trabajo de las comunidades indígenas.
Entrevistado vía telefónica, señaló que “si los legisladores, quieren legislar respecto de los matrimonios infantiles, deben tomar en cuenta el contexto socio cultural, el origen y el sentido de lo que ha significado históricamente el 'pago de la dote'. Puede que se descontextualice, y al mismo tiempo se criminalice una práctica que habría que corregir, pero no satanizar”.
Mucho menos generar una postura que “siga alimentando la idea de que las instituciones de los pueblos indígenas son atrasadas, vetustas; que no representan una parte del pluralismo jurídico que hay en nuestro país, y que debe prevalecer”.
Se tiene que proteger los derechos de las niñas; “es una cuestión irreversible, y al mismo tiempo se debe de entender que las prácticas de los usos y costumbres, tienen su vigencia siempre y cuando formen parte de un acuerdo comunitario, de una asamblea”.
Las prácticas de los matrimonios forzados “ha perdido la dimensión comunitaria, ahora se ha individualizado, y ha prevalecido el criterio mercantil que ha cosificado a las mujeres, las ha transformado como si fuesen moneda de cambio; eso no es la esencia de los usos y costumbres, se tiene que deslindar muy bien esta cuestión”.
Es muy importante que “haya intercambio de opiniones con las compañeras indígenas; ellas han luchado contra esos usos y costumbres que las denigran; es muy importante tener el pulso también de las autoridades comunitarias para entender el marco en que se da esta práctica”.
Barrera Hernández mencionó que hay autoridades comunitarias que reprueban los matrimonios forzados “no es una práctica generalizada; tampoco una cuestión pareja, es un fenómeno dispar. En otros casos participan los embajadores, las autoridades, los principales. Es muy importante decir que en algunas comunidades si se ha pervertido, si se ha deteriorado, se ha desvinculado de la comunidad. El uso de la fuerza contra las mujeres o contra los niños, no son los usos y costumbres”.
Tras reconocer que se ha perdido el marco de respeto entre los miembros de la comunidad al apuntó que “se debe entender que esto es producto de la ausencia y el abandono de las instituciones, del atraso, y de la violación a los derechos sociales, económicos y culturales que hay por parte del Estado hacia los pueblos indígenas, que no les ha garantizado educación completa, ahí solamente lo que abundan en comunidades indígenas como en Cochoapa son las escuelas multigrado, es decir, un maestro para seis grupos de primaria; esas escuelas son parte de la discriminación que hay contra los pueblos indígenas”.
La falta de infraestructura escolar hace que “los padres tengan que pagar más, hacer cooperaciones porque el gobierno no da la infraestructura para que sus hijos vayan a la escuela. Eso hace que las niñas y los niños no vayan a la escuela y no tengan una visión de la realidad mucho más amplia, que tengan mayor socialización de la situación que se vive en la comunidad y en la región”.
También el grado de monolingüismo que existe en las comunidades indígenas “forma parte de las vulnerabilidades que las hace presa del control, del sometimiento, y de la violencia. Aquí también hay complicidades, porque si las mujeres todavía no acceden a tener dominio del español, es precisamente porque no tienen la oportunidad de desarrollarse en las comunidades a través de la educación”.
Otro tema, agregó Barrera Hernández, es el de la salud “ha habido muchas muertes de niñas y niños por desnutrición, hay muchas muertes maternas por falta de atención médica, no hay medicinas, no hay equipamiento médico”.
Para poder legislar a este respecto “tiene que haber un piso básico para el digno desarrollo de las niñas indígenas, porque si no se les garantiza un piso básico, y solamente es una idea prohibicionista, se queda en la mera prohibición, pero no se legisla para obligar a que las autoridades garanticen la educación básica en las comunidades más abandonadas, entonces eso no resolvería el problema, porque las criminalizaría, las estigmatizaría”.
Los legisladores tienen que conocer la realidad, ver el contexto “que un padre de familia no tiene cómo sobrevivir en la comunidad, tiene que salir a trabajar como jornalero agrícola; no tiene un ingreso seguro; los programas no son suficientes para resolver la multiplicidad de necesidades, cuando no hay medicina, luz, agua potable, todo eso sale caro”.
Primero el Estado “tiene que ser garante de los derechos fundamentales, para que ese piso básico haga que por lo menos haya un piso parejo, y que las prácticas nocivas de los matrimonios forzados vayan cediendo, y las niñas vayan teniendo esa libertad para poder decidir en qué momento y con quien puedan unirse en matrimonio, y no estén supeditadas y sujetas al capricho del papá, y que ahí se diga que son usos y costumbres, más bien es un capricho más si se violentan los derechos humanos”.
Hay una alta responsabilidad de los legisladores y legisladoras porque “no los hemos visto llegar a las comunidades; no los hemos visto estar dentro de las dinámicas comunitarias; no los hemos visto atender los casos. Solamente reaccionan cuando ya se consuman hechos muy graves como el de Angélica y su mamá Concepción, que tuvo que abortar tres trillizos" en Cochoapa el Grande.
Se tienen que generar esas comisiones que se crean en la cámara de diputados “sobre todo las que dicen responder a la problemática de la sociedad; estos comisionados tienen que estar en el terreno, tienen que realizar trabajo de campo, tienen que establecer comunicación directa con las agraviadas, con las autoridades comunitarias para tener un marco de referencia”.
Si no se hace así entonces “seguimos nuevamente reproduciendo esquemas burocráticos, y leyes que al final de cuentas no se aplican, o no son adecuadas para proteger derechos”, finalizó.
