Ciudad de México. Como parte del paquete de proyectos de Ley de Ingresos 2022, de Miscelánea Fiscal y de la Ley Federal de Derechos, que se debatirá hoy en comisiones en la Cámara de Diputados, se establece que los recursos obtenidos por la regularización de automóviles usados, provenientes de Estados Unidos y conocidos como chocolates, se destinará a pavimentación en los municipios donde entre en vigor este proceso.

En tanto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) aseguró que impugnará el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la legalización de dichos vehículos.

Dentro de los predictámenes que fueron presentados a los diputados federales se establecen distintos ajustes respecto de las iniciativas planteadas por el Ejecutivo federal.

Entre los cambios se perfila modificar la propuesta de Ley de Ingresos para definir en su artículo decimoséptimo que los ingresos por este concepto en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur se destinarán de manera directa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, por lo que no se incluirán en la recaudación federal participable.

Aunque en el resto del contenido de la ley tendrá efecto a partir del primero de enero de 2022, los recursos recaudados por esta vía serán remitidos a pavimentación desde el presente año.

La distribución será porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio con el que se haya realizado el trámite respectivo.

Luego de que el sábado firmó el Presidente de la República el decreto con este propósito, la AMDA consideró que con ello se concretó la legalización del contrabando automotor.

Apuntó que lo que se necesita en el país es la tolerancia cero al flujo de vehículos de contrabando por los puertos fronterizos. Es indispensable acabar con la corrupción aduanera, así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles.

Dentro de las modificaciones que se perfilan en la miscelánea fiscal, también se indica que las personas físicas que se dediquen exclusivamente al sector agrícola, ganadero, silvícola o pesquero, y cuyos ingresos no excedan 300 mil pesos, no pagarán el impuesto sobre la renta (ISR) por los ingresos obtenidos de dichas actividades.