Ciudad de México. Estos tiempos dolorosos nos han mostrado que la ciencia es necesaria para confrontar los complejos retos implicados en la enfermedad pandémica de Covid-19. Aunque necesario, el conocimiento científico no es suficiente, pues se requiere el compromiso de la sociedad y el de sus instituciones u organizaciones políticas para aprovecharlo, para promoverlo y también para protegerlo en beneficio de la humanidad.

La ciencia constituye un saber acumulado que se encuentra en construcción permanente y es, ante todo, un bien público, no una mercancía para ser aprovechada por el capital. Ya en 2016, en el artículo de opinión La ciencia: reserva de objetividad en disputa (La Jornada, sábado 7 de mayo de 2016), expresamos que la finalidad histórica de la ciencia ha sido constituir una reserva de objetividad para la sociedad. Llamamos la atención en torno a los riesgos que conllevan las aplicaciones tecnocientíficas propias de las grandes corporaciones, que no son precedidas de conocimiento riguroso, de ciencia básica. Además, manifestamos la urgencia de rescatar a la ciencia del relativismo y de las fuerzas que podrían explotarla en detrimento de la humanidad.

El conocimiento científico es imprescindible para prevenir riesgos y atenuar las consecuencias de la incertidumbre inevitable que caracteriza nuestra existencia. Hacer a un lado a la ciencia en la toma de decisiones que moldea las políticas públicas tiene consecuencias desastrosas. En su libro El biólogo dialéctico (publicado por primera vez en inglés en 1985 por la editorial de la Universidad de Harvard), los célebres científicos y militantes estadunidenses de izquierda, Richard Lewontin (1929-2021) y Richard Levins (1930-2016), expusieron de manera por demás clara que la estructura de la ciencia no ha sido el resultado de un proceso natural inevitable, y por ello ajeno a la historia y a la política, sino resultado impuesto por el capitalismo y como tal susceptible de ser modificado socialmente.

En efecto, en todo tiempo las sociedades humanas preservan la posibilidad de estructurar creativamente sus modos de organización. Es en este sentido que consideramos que no solamente no es aceptable, sino peligroso en extremo, hacer de la ciencia una mercancía o un lujo superfluo. Es impostergable hacer de ella un servicio público, el cual sólo puede adquirir su máximo valor como herramienta al servicio de la transformación orientada por el bienestar social y el cuidado ambiental. Esto es natural cuando el quehacer científico se da de manera honesta, con rigor epistemológico (guiada por los principios del conocimiento) y comprometida con las necesidades y las esperanzas de la sociedad.

Es importante puntualizar que, en tanto proceso social, la ciencia acumula conocimiento confiable que la sociedad construye. Este conocimiento no sólo proviene del ámbito académico. También procede de la rica experiencia adquirida por la sociedad en su conjunto. En el caso de México, la gran diversidad y profundas raíces culturales, que dan sustancia a nuestra identidad nacional, han generado y siguen generado conocimiento objetivo. Por ejemplo, en torno a la producción y preparación de alimentos sin menoscabo del cuidado del ambiente y el uso medicinal de las plantas, así como otros enfoques tradicionales para promover la salud, hasta los modos de organización política y social que privilegian el interés colectivo por encima de particulares orientados al lucro o al individualismo. Aún existen retos para dinamizar la interacción de la comunidad científico-académica y los saberes sociales. Esto, para enriquecer el conocimiento objetivo al que la sociedad tiene derecho y garantizar así el acceso universal a la ciencia, al conocimiento y a sus beneficios, mandatado en nuestra Constitución desde 2019.

Pese a las crisis recurrentes por las que ha pasado nuestro país, en gran parte debidas a la adopción del credo neoliberal por parte del estamento político que usurpó la representatividad popular en los últimos 40 años, se ha edificado en México una comunidad científico-académica de más de 70 mil miembros, consolidada, emanada fundamentalmente de familias mexicanas pertenecientes a todos los estratos sociales. Se ha forjado gracias al apoyo del Estado, y en su gran mayoría, obedece a un trabajo guiado por principios sólidos, entre los cuales se encuentran la libertad de investigación y la honestidad, requisitos indispensables del quehacer científico.

La voluntad de cambio social ha acotado la imposición del individualismo clasista en la mente de quienes, desde la ciencia, han contribuido a sostener la esperanza de un México justo. Nuestro país ha invertido mucho en sus comunidades del conocimiento y éstas han devuelto lo invertido, no sólo mediante los logros de sus investigaciones, sino también a través de la formación de especialistas de alto nivel en todos los ámbitos. Sirvan como ejemplos de estos logros notables la contribución nacional en el desarrollo revolucionario de los anticonceptivos, importantes hallazgos en astronomía o en sociología e historia, el conocimiento de las selvas tropicales y en general de la riquísima flora y fauna mexicanas o las investigaciones sobre las consecuencias ambientales de la industria de hidrocarburos, que lleva a cabo el Consorcio de Investigación del Golfo de México. Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que es capaz de lograr la creatividad nacional.

Desafortunadamente, el neoliberalismo desaprovechó en gran medida el enorme talento de las y los científicos mexicanos, instaurando procesos burocráticos de evaluación de su carrera profesional que no sólo dificultaron el avance y la aplicación social del conocimiento, sino que cultivaron en algunos sectores minoritarios comportamientos egoístas y cómplices del estamento político y económico que actuó en detrimento del interés público. La calidad de la ciencia mexicana se sostuvo, no gracias al actuar de gobiernos corruptos, sino como uno más de los actos de resistencia que han marcado a México a todo lo largo de su extraordinaria historia.

En el contexto de la transformación que el pueblo mexicano ha decidido emprender con su voto del 1º de julio de 2018, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se ha embarcado en un esfuerzo comprometido por deshacerse de los lastres dejados por el régimen neoliberal, para permitir que la sociedad haga suyo el esfuerzo científico nacional. Éste se ha traducido, en los hechos, en la eliminación de los mecanismos institucionales que facilitaban el vergonzoso saqueo del erario bajo el disfraz de apoyo a la innovación, así como en la modificación del marco legal, con la única finalidad de asegurar la protección del interés público desde el Conacyt.

El Consejo ha recuperado el apoyo a la ciencia básica y de frontera, que se abandonó por completo en 2017-18, ha propuesto 10 agendas prioritarias para articular la capacidad científica e incidir en torno a problemas estratégicos. También se han aportado apoyos financieros históricos para consolidar el Sistema Nacional de Investigadores, y un sistema de becas de especialidad, maestría, doctorado y posdoctorado para que las y los jóvenes puedan formarse y ofrecer su talento a favor de la nación, en lo que logramos que se abran plazas formales suficientes para evitar el éxodo de talentos mexicanos formados con el apoyo del presupuesto público nacional.

Garantizar el desarrollo soberano de nuestro país en el contexto actual, caracterizado por los impactos del cambio climático, la transición energética, la urbanización acelerada, la emergencia de enfermedades complejas y la destrucción de los ecosistemas, requiere la sinergia de los diversos sectores que conforman a nuestro país. La labor de la comunidad científico-académica es indispensable, así como la del Estado en su conjunto, la de los saberes sociales y la del sector productivo comprometido con el beneficio del país, la integridad de la Nación. No es tiempo de conflictos alimentados por sectores que se han beneficiado de la degradación de nuestro país. Es tiempo de articular esfuerzos colectivos que garanticen un futuro promisorio. La esperanza en un mejor México necesita la entrega de sus comunidades científicas.

* Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Premio Nacional de Ciencias 2017, distinción nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (estímulo en pausa desde el 1º diciembre de 2018), con comisión por la UNAM, profesora-investigadora titular C