Ciudad de México. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la miscelánea fiscal y el Código Fiscal de la Federación 2022, donde se ratifica la obligación de los jóvenes de inscribirse al RFC, al cumplir los 18 años de edad, y se prevén penas de prisión para las empresas que importen y vendan combustibles de contrabando.

También se limita la acreditación del ISR para las sociedades que reciban donaciones para financiar sus actividades de beneficencia y que, expresaron panistas y perredistas, perderán fondos por casi 10 mil millones de pesos.

El dictamen con la miscelánea y el Código Fiscal se aprobó con 24 votos de Morena y sus aliados, mientras la oposición sumó 16 en contra. La comisión entró a la discusión de los proyectos de dictamen de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para el próximo año.

PAN y PRI objetaron las nuevas disposiciones y anunciaron que presentarán reservas en el pleno, con objeto de evitar algunas que definieron como de “terrorismo fiscal”.

Durante el debate en la comisión, el PRI objetó la decisión de obligar a los jóvenes a inscribirse en el RFC y alertó que esta medida podría derivar en “múltiples sanciones” a este sector de la población.

“Si los jóvenes que migran para estudiar en las universidades, y reciben depósitos por más de 15 mil pesos de sus familiares podrían ser objetos de sanción, o si hay transferencias entre cuentas, estarán obligados a presentar declaración” de impuestos, dijo el priísta Hiram Hernández.

Expuso que aun cuando en el dictamen se incluyó “un matiz” para definir que se inscriban en el rubro de “sin actividad económica”, entonces es innecesaria la disposición.

Carol Antonio Altamirano, secretario de la comisión por Morena, dijo que el respaldo de su bancada al proyecto se define por su compromiso con el proyecto de transformación que encabeza el gobierno federal.

Se dará continuidad al impulso de una orientación de finanzas públicas, basada en seis aspectos: Cierre al paso de la evasión y elusión; no más cargas a los impuestos; el control a requerimientos de endeudamiento; ampliar la base tributaria; dar alivio a las empresas productivas del Estado, por ejemplo, para que Pemex tenga un trato fiscal semejante a las de las empresas con que compite; y una política de austeridad y control del gasto que redujo los gastos superfluos para usarlos en programas sociales y proyectos de inversión regional.

El proyecto de ingresos, expuso, tiene compromiso con la estabilidad y solidez de las finanzas públicas.