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Gobiernos usaron el Covid-19 para reprimir libertad de expresión: AI

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El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, es mencionado en el informe. Foto Ap
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Afp
18 de octubre de 2021 21:02

Londres. Gobiernos en todo el mundo, de China a Rusia pasando por Nicaragua, Venezuela o Cuba, utilizaron la pandemia como pretexto para acallar las críticas o restringir el acceso a la información, afirma un informe de Amnistía Internacional publicado este martes.

En las 38 páginas de "Silenciados y desinformados, la libertad de expresión en peligro durante el Covid-19", la ONG detalla cómo desde el año pasado estos gobiernos "lanzaron un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo gravemente los derechos", censurando redes sociales, cerrando medios y obstaculizando otros canales de comunicación.

"En medio de una pandemia, se silenció y encarceló a periodistas y profesionales sanitarios", explicó Rajat Khosla, responsable de Amnistía Internacional. "Como resultado, la gente no ha podido acceder a la información sobre el Covid-19, incluyendo cómo protegerse a sí mismos y a sus comunidades".

"Aproximadamente cinco millones de personas perdieron la vida a causa del Covid-19, y la falta de información habrá probablemente contribuido", subrayó.

Así, ya en febrero de 2020 en China, donde el coronavirus se detectó inicialmente a finales de 2019, se habían abierto 5 mil 511 investigaciones penales contra personas por "fabricar y difundir deliberadamente información falsa" sobre la naturaleza y el alcance de la epidemia.

En Nicaragua, "sumándose a la violenta represión de las protestas sociales iniciadas en 2018 y a un creciente número de leyes destinadas a restringir severamente el espacio a la disidencia, el periodismo independiente y la sociedad civil, el parlamento aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos en octubre de 2020", señala el informe.

Según el Centro Nicaragüense de los Derecho Humanos (CENIDH) esta "no sólo reprime la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua, sino que también impone la vigilancia y el control absoluto de las redes sociales, las plataformas digitales, los perfiles en línea de activistas políticos y defensores de los derechos humanos, y de todos aquellos que se atreven a oponerse a las políticas del gobierno", añade.

 

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