Mexicali. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó al Congreso local a realizar una legislación para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, para lo cual debe normarse la interrupción del embarazo dentro del periodo de 12 semanas de gestación.

A pesar de esta solicitud, en el artículo 7 de la Constitución de la entidad se establece la protección de la vida desde que es concebida, por lo que éste tendría que ser modificado de aceptarse el exhorto.

Con la oposición de tres diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el grupo parlamentario de Morena promueve la aprobación de reformas constitucionales y legales para responder a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las recomendaciones de la alerta de género para apoyar a las mujeres en busca de una vida libre de violencia, incluida la interrupción del embarazo.

El ombudsperson, Miguel Mora, dijo que la Constitución Política de México garantiza a las personas el derecho a la protección de la salud y el decidir de manera libre e informada sobre el esparcimiento de los hijos, lo que implica necesariamente el derecho a la autonomía reproductiva en condiciones de igualdad.

Por ello, convocó al Congreso de Baja California a contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y llevar a cabo el proceso legislativo para la reforma de las disposiciones en la Constitución de Baja California, el Código Penal, la Ley de Salud Pública del Estado y otros instrumentos normativos relacionados con la armonización de la despenalización del aborto y la prestación de los servicios de salud pública.

Mora Marrufo mencionó que en el ámbito internacional existen sentencias emitidas por diversas Cortes de Justicia que han reconocido la innegable relación entre los derechos de libertad y el derecho a la salud, en lo relativo a las decisiones sobre la interrupción del embarazo y señalan que el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas gestantes prevalece cuando el embarazo resulta una carga extraordinaria y opresiva o cuando afecta su salud, sus condiciones económicas o las de su familia.

La SCJN resolvió tres acciones que determinan como inconstitucional considerar como persona al nonato y, a partir de ello, adopta medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes, ademas que determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, agregó.

Sin embargo, una asociación antiabortista se opone a la reforma constitucional por considerar que la vida es desde la concepción y ha cerrado en dos ocasiones las instalaciones del legislativo local para interrumpir reuniones con organizaciones sociales que están contra la criminalización del aborto.

Este viernes, los tres diputados y tres regidores panistas del Cabildo de Mexicali se reunieron con esta agrupación para analizar la reforma constitucional con el apoyo de una médico familiar que expuso "argumentos genéticos y biológicos en contra de la interrupción del embarazo".