Ciudad de México. La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA) aseguró que impugnará el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como fin la legalización de los autos chocolate.

“Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación”, planteó la AMDA.

El sábado, el mandatario firmó en Ensenada el decreto que regulariza los vehículos de procedencia extranjera que hasta el día de hoy ingresaron de manera irregular al país, y que beneficia a siete estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.

En este sentido, expuso que se concretó la legalización del “contrabando” automotriz por parte del poder ejecutivo, e hizo un llamado para a  poner en marcha, de forma inmediata, políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.

Así, puntualizó la AMDA, es necesario desarrollar un plan integral de movilidad para la Frontera Norte, en el cual se incluyan disposiciones jurídicas, administrativas y financieras que permitan dotar de un sistema integrado de transporte público, infraestructura urbana y saneamiento ambiental mediante el concurso de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y de la Iniciativa Privada.

“Se necesita la tolerancia cero al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos. Es indispensable acabar con la corrupción aduanera; así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles”, refirió. 

La AMDA también consideró necesario exigir el estricto cumplimiento del anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, mediante el cual asumen responsabilidades para combatir el contrabando automotriz y con ello eliminar el comercio tolerado de vehículos ilegales.

“Se requiere refundar el Registro Público Vehicular (Repuve) a través de la aprobación de una Ley General que le otorgue facultades plenas para ordenar el registro vehicular, hacer obligatorio el concurso de los gobiernos estatales y vertebrar los procedimientos de control vehicular federal y locales”, precisó.

La AMDA calificó como urgente plasmar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022 una partida suficiente para equipar al Repuve y ampliar su capacidad de atención puesto que desde la aprobación de su ley en septiembre de 2004 y hasta la actualidad dicha plataforma no ha cumplido con las responsabilidades que la Ley le marca y los requerimientos que el país enfrenta, a pesar del compromiso y esfuerzo de sus trabajadores.

“La regularización del contrabando automotriz por motivos de seguridad pública sin un Registro Público Vehicular confiable será una falacia”, aclaró.

Por último, señaló que la regularización del contrabando automotriz será “un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos, cubiertos con el manto de benefactores de los más pobres”.