Ensenada, BC. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta tarde aquí el decreto que regulariza los vehículos de procedencia extranjera que hasta el día de hoy ingresaron de manera irregular al país, y que beneficia a 7 estados del país; Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.
López Obrador informó que la regularización de más de 500 mil autos ilegales que circulan en Baja California implicará una recaudación de casi mil 300 millones de pesos.
Informó que los recursos se distribuirán entre los municipios de la entidad, principalmente para programas de bacheo, y resaltó que está “muy contento con el pueblo de Baja California” porque con sus votos contribuyó a impedir que el PRIAN ganara la mayoría en la Cámara de Diputados.
“Querían someternos con el presupuesto, querían que no se apoyara a los pobres”, dijo en Ensenada, durante la presentación del programa de regularización de vehículos que son ingresados sin documentos al país desde Estados Unidos.
El mandatario cuestionó que las cúpulas del PRI y del PAN “se quitaron la máscara” y se reunieron con los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Durante mucho tiempo, dijo, no nos creían que los dos partidos reprseentaban lo mismo. “Engañaron mucho tiempo, pero son lo mismo”, resaltó.
López Obrador también lamentó que las dirigencias y grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD presentaron un recurso para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la ley de revocación de mandato, para que no se aplique.
“Le tienen mucho miedo al pueblo. Están mal acostumbrados y quieren que la política sea un asunto nada más de los políticos, de las cúpulas. Tienen la idea de que el pueblo no existe o no está preparado para la democracia”, abundó.
Pero la democracia, dijo, permitirá que no se tenga que negociar arriba para que una persona llegue a ser gobernador, alcalde, diputado, senador y mucho menos presidente de la República.
No obstante indicó que está muy contengo porque se haya aprobado la ley de revocación de mandato, que permitirá una consulta cada tres años. “Nadie debe sentirse absoluto”, expuso.
