Madrid. El informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión de la pandemia llevada a cabo por el gobierno de Brasil pedirá la acusación del presidente, Jair Bolsonaro, de crímenes contra la humanidad o genocidio del pueblo indígena, entre otros delitos.

Se espera que el informe de la comisión del Senado sea presentado el próximo martes, tras lo que será votado y enviado a la Fiscalía para que esta decida si perseguirá acciones legales contra Bolsonaro, según recoge el medio brasileño GloboNews.

En el caso del mandatario, tan sólo la Oficina del Fiscal General (PGR) tiene la potestad de perseguir acciones legales contra el presidente de Brasil.

Los once delitos de los que la comisión acusará son: crimen de epidemia con resultado de muerte; violación de medidas preventivas sanitarias; uso ilegal de fondos públicos; incitación al crimen; falsificación de documentos privados; curanderismo --promoción de medicina falsa--; prevaricación; genocidio contra el pueblo indígena; crímenes contra la Humanidad; crimen de responsabilidad; y homicidio por fallar en la lucha contra la pandemia.

El encargado de presentar el informe será el principal relator de la CPI, Renan Calheiros, senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), para quien todo los datos y análisis que se han recopilado durante estos seis meses de comisión son "unánimes" en lo que respecta a la negligencia de Bolsonaro.

Además del presidente, la comisión del coronavirus prevé solicitar la imputación de al menos una treintena de personas por diversos delitos, entre ellos también los de malversación de fondos y robo.

No es la primera vez que el presidnete es acusado de genocidio contra los pueblos indígenas de Brasil. El pasado mes de agosto, la principal organización de los pueblos indígenas de Brasil (APIB), presentó una demanda por genocidio contra el presidente basándose en un informe en el que se detalla cómo mil 162 personas de hasta 163 comunidades originarias murieron por la gestión de las autoridades.

El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de sus servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.