Ciudad de México. La aeronave TP01 Boeing 787, conocida como el avión presidencial, realizó un vuelo de mantenimiento. De acuerdo con el portal FlightRadar24, un sitio web que rastrea el tráfico aéreo, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sobrevoló el Golfo de México hasta Mérida Yucatán y regresó a la capital del país, confirmaron fuentes aeroportuarias.
El vuelo fue para cumplir los estándares de mantenimiento.
El avión presidencial regresó al país en julio de 2020 al hangar que se encuentra a un costado de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, procedente del aeropuerto de Víctorville, California, luego de permanecer en ese lugar 19 meses.
La primera vez que el avión presidencial arribó a México fue en febrero de 2016. Entonces se informó que tendría una vida útil de 25 años. Si bien la nueva aeronave se adquirió en su momento para uso del Ejecutivo federal y estar adscrita al Estado Mayor Presidencial, la compra se hizo en anteriores sexenios con cargo al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras pilotos y los gastos de mantenimiento y refacciones fueron asumidos por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
Junto con su compra también se remodeló el hangar, para lo cual el gobierno destinó en 2015, 348.5 millones de pesos, para un total de 977.7 millones. En diciembre de 2018, el hangar presidencial cambió de nombre a Sexto Grupo Aéreo.
La aeronave tiene la capacidad de transportar hasta 80 pasajeros, 20 más que el anterior avión Presidente Juárez. Dispone de equipos en telecomunicaciones satelitales e Internet para recibir y transmitir información de forma permanente desde cualquier parte del mundo.
En su momento la Presidencia de la República informó que el costo real pagado en pesos por la totalidad de la aeronave con su equipamiento fue de 2 mil 952.4 millones.
El ex presidente Enrique Peña Nieto estrenó el avión también en febrero de 2016, cuando viajó a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para encabezar el 101 aniversario de la FAM.
El Estado adquirió la aeronave en 2012, mediante un contrato suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como arrendataria Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su calidad de adquiriente y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como usuario final.
