Madrid. El gobierno de Bolivia anunció el retiro del proyecto de ley contra las ganancias ilícitas de la Cámara de Senadores para "no dar lugar a la violencia" después de una ola de paros y movilizaciones a nivel nacional y cuestionamientos de la oposición.
"Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirarlo (...) para no dar lugar en absoluto a que nos confronten", expresó en una conferencia de prensa la ministra de la presidencia boliviana, María Nela Prada.
De esta forma, el Ejecutivo del presidente, Luis Arce, respondió ante las movilizaciones del pasado fin de semana en contra de la medida y protagonizadas por gremiales, mineros, transportistas y miembros de la sociedad civil, quienes amenazaron incluso con tomar más medidas de presión si el Gobierno no retiraba la propuesta, informó el diario local El Deber.
"Frente a los intentos fracasados, han utilizado la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas como excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar el temor entre sectores populares", criticó Prada.
Pero, ahondando en este aspecto, la ministra remarcó la condición "popular" del gobierno de Bolivia. "Nosotros venimos del pueblo y cumpliremos siempre en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano", aseveró.
Para la oposición, en palabras del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, esta decisión es "un nuevo triunfo para el pueblo", así como un freno a las ambiciones del gobierno de Arce por "avanzar en su proyecto de control totalitario".
"El pueblo boliviano movilizado ha obligado al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo", resaltó Camacho en referencia a la formación del presidente, Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde los organizadores de las protestas se llegó a amenazar con medidas más drásticas si el gobierno no rectificaba, e incluso el sector cárnico llegó a proponer un "paro indefinido con desabastecimiento a nivel nacional".
A comienzos de julio, Arce informó esta iniciativa legislativa que fue aprobada a mediados de septiembre en la Cámara de Diputados, por lo que pasó al Senado para su tratamiento. Ahora este último trámite se ha suspendido tras los cuestionamientos en su contra y las amenazas de medidas de presión.
