Guanajuato, Gto. Durante la sesión del pleno del Congreso se manifestaron los familiares de los cinco trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que murieron intoxicados por una fuga de ácido sulfhídrico en la planta tratadora de aguas residuales.  

“Se fue (el alcalde panista Héctor López) Santillana sin resolver el caso de los 5 fallecidos el 13 de noviembre del 2020”, “Zamarripa, ya basta de manipular a los abogados” y “derechos humanos, ya basta de solapar a la clase de gobernantes, estás para defender a las víctimas no para sepultarlas”, rezaban las pancartas que portaban los familiares. 

La manifestación silenciosa se realizó cuando el coordinador de la bancada de Morena, David Martínez Mendizábal, subió a tribuna para proponer un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de León – encabezado ahora por la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos- a que conforme una comisión mixta, integrada ediles y ciudadanos, con facultades para investigar posibles violaciones a la legislación laboral e iniciar procesos legales por la muerte de los trabajadores de SAPAL. 

También propuso exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE), al SAPAL y a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) a que informe sobre el avance de sus respectivas investigaciones. La propuesta fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales porque no se propuso de obvia resolución. 

“El 13 de noviembre de 2020 ocurrió una tragedia terrible ocasionada por una posible negligencia institucional atribuible al SAPAL”, externó ante el pleno del Poder Legislativo.  

Recordó que esa noche murieron intoxicados Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, cuando realizaban labores de mantenimiento en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento. 

Explicó que la planta era operada por la empresa ECOSYS III, quien denunció que las instalaciones estaban dañadas porque la industria curtidora descargaba agua con “calidades distintas a las pactas para su saneamiento”. 

“Las descargas presentaban altos contenidos de arenas, basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, que habían perjudicado el equipo mecánico, eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento de las aguas residuales”, detalló. 

A raíz de las denuncias, el SAPAL no renovó la concesión a ECOSYS, despidió a casi todo el personal de la planta y “aquí radica una buena parte de las causas de la tragedia”, puntualizó David Martínez. 

El organismo operador ingresó a personal sin capacitación, sin equipo de seguridad y sin cumplir con los protocolos para zonas con altos riesgos laborales, acusó. 

“Quiero resaltar el comportamiento inaceptable con el que han venido actuando el gobierno municipal, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Derechos Humanos del Estado”, resaltó. 

La FGE oculta las irresponsabilidades del SAPAL en un contubernio, reprochó. 

La Fiscalía, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, incumplió con los protocolos del manejo del sitio del siniestro y no practicó una necropsia con las formalidades de ley, denunció. 

“Los familiares de las víctimas no han obtenido el trato digno y justo que correspondería a una situación de esta naturaleza”, recriminó. 

Cabe mencionar que el SAPAL se niega a indemnizar a los familiares, pero pago más de 1.2 millones de pesos al despacho del abogado Juan Carlos Peña – ex candidato a síndico por Movimiento Ciudadano- para litigar las demandas civiles. 

El presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández; y el director del organismo, Enrique de Haro Maldonado, ofrecen a las familias entre 30 mil y 150 mil pesos, montos que la ley contempla en caso de un despido injustificado.