Ciudad de México. La reforma eléctrica debe colocar a los derechos humanos, el bienestar de las personas, el cuidado del ambiente y el combate al cambio climático en el centro de sus objetivos, así como garantizar una transición energética justa y socialmente incluyente, consideraron organizaciones ambientalistas.

La iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal, en caso de ser aprobada afectaría los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, además de que se alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales, señalaron Greenpeace, Iniciativa Climática de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones.

La política climática del país ya ha sido catalogada como altamente insuficiente, debido al freno súbito que se ha puesto a las energías renovables y México se convertirá en el primer país del G20 que en los hechos incumple con las metas presentadas ante el Acuerdo de Paris, aseveraron en un pronunciamiento conjunto.

Señalaron que las energías renovables no son consideradas como prioritarias, aunque su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global, a que existen soluciones técnicas para su variabilidad y a que pueden ser generadas en el mismo sitio de consumo y por las mismas personas que la requieren, lo que ayudaría a reducir la pobreza energética en algunos pueblos y comunidades.

Priorizar la generación de electricidad de las plantas de CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que ataría al país a las importaciones de gas estadunidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte con impactos sociales y ambientales negativos.

Las organizaciones hicieron un llamado para que la reforma eléctrica responda a los retos mundiales y nacionales actuales, que se lleve a cabo a través de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las comunidades vulnerables.

La reforma eléctrica debería plantear una transición energética justa, incluyente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que enfrente a la crisis climática, que busque el bienestar, salud y vida de las personas y que asegure el cuidado del medio ambiente. Si en verdad importa el bienestar de las personas, el combustóleo, el carbón y el gas no pueden ser parte de nuestro futuro energético, señalaron.