Santiago. Quince diputados representantes de toda la oposición en el Parlamento de Chile, concretaron este miércoles una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con la intención de destituirlo por "infringir abiertamente la Constitución y las leyes” en materia de probidad y por "comprometer gravemente el honor de la Nación”.

El juicio político a Piñera es, en principio, resultado directo de las revelaciones de los Papeles de Pandora, donde él y su familia figuran, durante su primer gobierno en 2010, acordando la venta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes del 33 por ciento de acciones de un proyecto minero a condiciónch de que la zona donde se instalaría la mina, no fuese protegida medioambientalmente, algo que efectivamente no sucedió. Pero también es el corolario del eterno historial de conflictos de interés y de negocios opacos de Piñera, un multimillonario especulador obsesionado con realizar "pasadas" bursátiles y financieras que le reportaran ganancias de corto plazo, hasta convertirlo en la cuarta fortuna del país con una riqueza de dos mil 900 millones de dólares en 2021.

Ese permanente entremezclar dinero y política, accediendo a información privilegiada como miembro del directorio de empresas para ordenar comprar acciones, o bien abusando de su posición como senador para negociar la venta de sus participaciones a precio preferente, fue expuesto en el escrito acusatorio.

“Lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña al señor Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”, dice.

La destitución es impulsada por los partidos Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista, Por la Democracia, Nuevo Trato, Frente Regionalista Verde Social, Comunes, Revolución Democrática, Convergencia Social, Humanista, Acción Humanista, Movimiento Unir y Ecologistas.

Para aprobarla se requieren los votos de 78 de los 155 diputados. La oposición e independientes suman 82; pero incluso seis legisladores del oficialismo dijeron que considerarán apoyarla. Si se aprueba, el gobernante quedará inmediatamente suspendido en el cargo, a la espera de que el Senado la refrende o no, donde se necesitan 29 de los 43 senadores. Aquí la oposición e independientes suman sólo 24.

La acusación podría resolverse en la Cámara antes del 21 de noviembre, cuando tendrán lugar las elecciones presidenciales y legislativas.

No es el único problema de Piñera, porque relacionado con sus negocios en Islas Vírgenes, enfrenta una indagación judicial en calidad de imputado que inició de mutuo propio el Ministerio Público, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.

Detalles del juicio político

La acusación dice que el presidente burló la Constitución al cometer actos que vulneran la probidad y el derecho a vivir libre de contaminación.

“Intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a un cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el interés particular”, dice.

También señala que comprometió "el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales", citando el Acuerdo de Escazú, "que fue desestimado por el Presidente como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental"; lo mismo que "las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de interés" y la "desoladora imagen del país" en el contexto de los Papeles de Pandora.

Lo anterior produjo “la deslegitimación del ejercicio del poder del Presidente de la República producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los intereses del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”.

Piñera -quien alega que entregó la administración de su riqueza a dos "fideicomisos ciegos" que ni le consultan ni informan de sus negocios- registra en su historial una sanción de la Superintendencia de Valores por adquirir 3 millones de acciones de LAN Airlines en 2006, inmediatamente después de conocer reservadamente los estados financieros. O invertir, en 2010 durante su primera presidencia a través de un paraíso fiscal, en una pesquera peruana en pleno pleito en la Corte Internacional de Justicia entre Chile y Perú por los límites marítimos, juicio que favoreció a la parte peruana que amplió en 20 mil kilómetros cuadrados su mar territorial.